n ningún país del mundo ha ocurrido nunca algo así. Si lo absurdo resulta de lo impensable, eso es justamente lo que está viviendo el magisterio mexicano.

¿Cómo explicar el despliegue de amenazas, golpes, fuerzas federales, vehículos blindados, denuncias penales y encarcelamientos contra maestros mexicanos… ¡para evaluarlos!?

Hemos visto ciudades sitiadas, con múltiples retenes policiacos para acceder a las sedes de la evaluación, que a su vez están fortificadas con enormes vallas metálicas y resguardadas por centenares de policías con fusil en mano. Hoteles rodeados de policías y de los cuales los maestros que serán evaluados no pueden salir, para finalmente ser trasladados en camiones o helicópteros policiales a las sedes donde no serán acompañados por personal capacitado por el INEE, sino vigilados por personal de seguridad privada vestido de negro.

Hemos sido testigos de que los maestros que participan en la dichosa evaluación no son tratados como ciudadanos que se dedican a una legal y digna tarea para la cual el Estado mexicano certificó su formación profesional, sino como reos peligrosos, mientras los profesores que protestan afuera de las sedes son tratados como delincuentes en activo y la evaluación se dirige a medir su tolerancia a los gases lacrimógenos y la resistencia de sus cráneos a los golpes de tolete.

Realmente es de locos... ¿o no es demencial gastar decenas de millones de pesos en alimentación, hospedaje y el traslado de maestros, policías y vehículos blindados para hacer un examen a un puñado de docentes, en lugar de invertirlo en construir y reparar escuelas? ¿No es una locura desplegar decenas de miles de policías para perseguir maestros y realizar una evaluación que, por decir lo menos, no sabe qué evalúa, mientras padecemos una delincuencia claramente desbordada?

Esto es aún más irracional si reconocemos que las reticencias de la mayoría de los docentes a la llamada evaluación docente tienen una justificación que va mucho más allá de las afirmaciones del gobierno de que se trata de una minoría que defiende privilegios ilegítimos. El documento firmado por una aplastante mayoría de los miembros del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, durante el 13 Congreso Nacional de Investigación Educativa, celebrado en noviembre pasado, da cuenta contundente de ello.

Además, el apoyo incondicional a la evaluación magisterial de la cúpula sindical del SNTE, hasta poco célebres elbistas, no hace más que abonar en la convicción de que se trata de una medida que nada tiene que ver con mejorar la educación pública, pues si algo ha caracterizado a estos codiciosos aliados del secretario de Educación es precisamente aquello que él denuncia en los maestros opositores: cinismo, corrupción, clientelismo, violencia y desinterés por mejorar la educación. Por cierto que otro aliado incondicional (promotor de la llamada reforma educativa) lo tiene en un conglomerado que mejor podríamos identificar con el lema de Empresarios Primero –que incluye al duopolio televisivo– y de los cuales no creo que nadie pueda seriamente decir que tienen algún interés educativo, salvo que hacer dinero y más dinero sea para ellos una meta pedagógica.

Sin embargo, la soberbia del secretario de Educación Pública, que se ufana de dichos soportes, se vuelve ridícula al contrastarla con su ineptitud para siquiera tener disponible el número de computadoras necesarias para atender a los maestros previamente acuartelados en hoteles, pero también peligrosa, pues, para esconder su propia incapacidad, ahora anuncia acción penal contra profesores ¡por sabotaje!

Escudos, toletes, gases, ve­hículos blindados y artillados se han convertido en herramientas didácticas de un secretario de Educación que cada vez que habla de la evaluación educativa, las palabras que más usa son: fuerza, castigo, policía, denuncia penal y encarcelamiento, al tiempo que ignora a muchos y prestigiados especialistas en educación que lo han emplazado a emprender una reforma educativa necesaria y respetuosa del magisterio y a los maestros agrupados en la CNTE que le han propuesto sostener un diálogo público donde demuestre las bondades de su proyecto. Es claro que está ciego de soberbia y que vocación educativa no tiene, pero, para acabarla de amolar, como su ilustrado jefe, confunde respeto con miedo, legitimidad con ley, voluntad con coerción y aprendizaje con castigo. Es de locos y así ni cómo entenderse.