os puntos destacan de la consulta dominical sobre el proyecto de un corredor comercial en la avenida capitalina Chapultepec. En primer lugar, el insólito éxito de un segmento de ciudadanos activos que repelieron la realización de un negocio tan lleno de impugnación social como de fuertes intereses políticos y empresariales. Y, a consecuencia de esa movilización en las redes sociales, las calles y las urnas, la aceptación llana de los resultados por parte del gobierno de Miguel Ángel Mancera, en cumplimiento de una palabra empeñada y a pesar de que la mencionada consulta no tuvo efectos de acatamiento legal obligatorio.

Frenar el proyecto impulsado por la banda tecnocrática en la que participan el secretario de desarrollo económico, Salomón Chertorivski, y el director de la empresa de participación estatal mayoritaria, la agencia ProCDMX, Simón Levy (¿cuándo renunciará éste?), constituye un gran respiro para el movimiento social que en la capital del país suele protestar y resistir ante los abusos de poder sin que siempre se tengan resultados positivos. La cancelación de ese negocio leonino (la ciudad de México sólo recibiría cinco por ciento de las ganancias de lo concesionado por cuarenta años) es producto del espíritu progresista que ha caracterizado al Distrito Federal y sería deseable que los gobiernos, sobre todo uno tan distanciado de sus votantes, como es el de Mancera, fueran capaces de someter a la participación ciudadana en urnas los distintos tópicos polémicos del ejercicio público, y no solamente el caso Chapultepec.

Sin embargo, será importante, teniendo a la vista la postura inmediata de aceptación de resultados de Mancera, que no se pretenda pagar compensaciones disfrazadas a los empresarios que buscaban la concesión del corredor Chapultepec. Ayer mismo se anunció que de cualquier manera se realizarán arreglos y modificaciones en la avenida Chapultepec y que en esos futuros contratos pueden resultar beneficiadas las firmas que habían concursado para el negocio mayor.

Javier Duarte de Ochoa, el gobernador veracruzano cada vez más distante de la cordura política, tuvo una revelación que le hizo saltar al Twitter para compartir el relámpago que en su noche había hecho luz: “Ahora lo entiendo todo, dueño del @NOTIVER envuelto en escándalo de corrupción del alcalde de #BocadelRío”.

El sagaz político se enteró, a unas semanas de que se designe al candidato priísta a sucederlo, de que en 2010 se realizó en su terruño una notariada operación de compraventa de un terreno de mil 440 metros cuadrados por 3 millones de pesos. La adquisición fue realizada por Praxilong Pralo, una firma cuyo representante, como administrador, fue Miguel Ángel Yunes Márquez, quien actualmente es presidente del municipio conurbado de Boca del Río (es la segunda ocasión en que ocupa este cargo).

El autor de la novela negra de más duración en Veracruz encontró que la parte vendedora estaba constituida por la señora Sara Salces, viuda de Zapico, y por su hija, Mari Cruz, y detectó que el director de Notiver (el diario de más circulación en la zona conurbada con cabecera en el puerto de Veracruz) llevaba los mismos apellidos de la viuda: Salces Fernández, y como uno más uno dan dos, así de simple (eso dice uno de los personajes de Nic Pizzolatto, el autor de la recomendable serie True Detective, en su novela pionera, Galveston), sentenció que Notiver y su director están relacionados comercialmente con el panista Yunes y sus pretensiones familiares de poder (el padre, del mismo nombre, es casi seguro candidato del PAN y el PRD a la gubernatura). Para el intrépido gobernador Duarte de Ochoa, la cobertura de Notiver, que ha sido amable con los Yunes panistas y sostenidamente crítica con el mandatario priísta y su equipo, tendría como parte de su explicación financiera la venta de un inmueble por parte de la hermana del director del medio a una empresa en la que participa uno de los Yunes panistas que, desde luego, también tienen su historia, densa e intensa, en un Veracruz donde pareciera que no hay para dónde voltear en busca de alguna expectativa más o menos razonable de honestidad en el ejercicio público.

Gatillero político que ha ido disparando en redondo (hasta a sus propios compañeros de partido ha alcanzado, entre ellos a dos senadores con pretensiones de ser candidatos a relevarlo, uno de ellos, Héctor Yunes, con abiertas ofertas de promover su sometimiento a juicio por tanta corrupción, inseguridad y violencia), Duarte de Ochoa recibió metralla periodística del mismo calibre. El director del estridente Notiver, Alfonso Salces Fernández, publicó una carta abierta en su propio medio en la que acusa sin atenuantes al actual gobernador de intentos de corrupción: “Quiero recordarle, para que quede testimonio público, su ofrecimiento a título personal al inicio de su gobierno de un convenio por 8 millones de pesos mensuales a Notiver, por cinco años pagaderos por adelantado en efectivo o depositados en el extranjero para que se le cerrara el espacio a los Yunes, algo que en tiempo por supuesto rechazamos. Incluso nos dijo que sería el convenio más rico, pues ofrecía 4 millones más que a los vecinos”.

Según Salces Fernández, también recibió ofrecimientos (con supuestos testigos, a los que cita por nombre o apodos) de un avión bimotor PA24 turbo de seis plazas, de un apartamento en Barcelona, Santander o Madrid y el edificio de Tránsito, en Gómez Farías y Canal, también regalado. El batidillo jarocho de corrupción enmarca los forcejeos por las postulaciones de candidatos a gobernador y da un adelanto de las acusaciones que se multiplicarán contra Duarte de Ochoa y algunos de sus operadores de medios, como Gina Domínguez Colío (de infausto recuerdo entre la mayoría de los comunicadores, no sólo de esa entidad) y Alberto Silva Ramos, actual diputado federal y dirigente del PRI estatal, a quien Duarte pretende dejar como heredero y guardaespaldas.

Y, mientras el petróleo mexicano ha caído a menos de 30 dólares por barril, ¡hasta mañana!

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