A Arturo Escobar y Vega no lo quieren de vuelta en la Secretaría de Gobernación (SG). No sólo manifiestan este rechazo líderes de organizaciones civiles, sino también altos funcionarios de la dependencia.

Hace 13 días (25 de noviembre), quien fue subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la SG renunció al cargo, horas después de que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a un juez girar orden de aprehensión contra el ex vocero del Partido Verde Ecologista de México, por su presunta responsabilidad en delitos electorales.

Por lo pronto, no hay subsecretario y tampoco encargado de despacho del área; funcionarios de Bucareli advierten que Escobar no volverá a su puesto, independientemente de lo que se decida en el Poder Judicial, afirman.

En cambio, barajan opciones entre personajes con aptitudes técnicas y otros más enfocados a las políticas.

Entre los cuadros partidistas, indicaron las fuentes consultadas, estaría el propio interés de Escobar por retomar su despacho; incluso, personal que trabajaba con él no se ha ido, comentan.

Se menciona también como posible sucesor a Mauricio López, ex coordinador de asesores del Miguel Ángel Osorio Chong, quien dejó en días pasados la dirigencia del PRI en el Distrito Federal. López es cercano al oficial mayor de la dependencia, Jorge Márquez.

Asimismo, se ha señalado a Xiuh Tenorio, ex director general de Participación Ciudadana de esta subsecretaría y ex candidato a delegado en Benito Juárez.

Por el lado técnico hay al menos tres opciones: Eunice Rendón, actual directora de Coordinación Interinstitucional de la subsecrtaría, quien estuvo a cargo del despacho cinco meses, tras la salida de Roberto Campa.

Otra candidata, de acuerdo con los informantes, es Laura Carrera, especialista en el tema de prevención social de la violencia y funcionaria en el sexenio pasado en áreas afines.

También se habla de Carolina Viggiano, actual diputada federal y responsable de la relación con la sociedad durante el periodo de transición al sexenio actual.

La finalidad –afirman– es rescatar el principal programa social de prevención del delito en el país, así como recomponer la relación con un sector de la sociedad que se opuso abiertamente a la designación de Escobar.

Son días cruciales para la definición de los lineamientos del Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred) 2016; es decir, determinar –y negociar con los gobernadores– los recursos humanos y materiales que la SG habrá de entregar para cada entidad y a los municipios donde están ubicadas las colonias más violentas de México.

La ausencia de un responsable complica el panorama porque los recursos autorizados para el año entrante fueron reducidos 20 por ciento, al pasar de 2 mil 600 a 2 mil millones de pesos.

Con la llegada de Escobar a esta subsecretaría, el 9 de septiembre pasado, hubo renuncias en áreas sustanciales del área y en puestos claves; por ejemplo, en la dirección de Participación Ciudadana –ahora a cargo de la ex perredista y ex diputada del Partido Verde, Ruth Zavaleta– llegaron funcionarios con perfiles distintos a la especialización exigida por el Pronapred.