Hermosillo, Son.

Agentes del Ministerio Público y peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) catearon al menos tres propiedades del panista Guillermo Padrés Elías, ex gobernador de Sonora, y harán lo propio en su rancho, El Pozo Nuevo, ubicado en el municipio serrano de Bacuachi.

Estas inspecciones se realizaron después de la noche del viernes, cuando Luis Arístides López Moreno, empleado del ex mandatario, fue detenido en el estacionamiento de un centro comercial de esta capital en posesión de 3 millones 500 mil pesos en efectivo, cuya procedencia no aclaró.

Los cateos a propiedades de Padrés Elías, ubicadas en colonias de alta plusvalía en Hermosillo, se iniciaron la noche del sábado. Uno de los inmuebles inspeccionados está en la colonia Bachoco y otro en la zona residencial La Jolla.

El tercer cateo se realizó en una lujosa oficina de Padrés Elías, ubicada en la colonia Pitic, la cual comparte con familiares. De este inmueble agentes y peritos sacaron documentos, entre ellos facturas, chequeras y equipo de cómputo.

Lo confiscado se utilizará como evidencia en la investigación que la dependencia abrió contra el ex funcionario por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La PGJE informó que solicitará ampliar de 48 a 72 horas el plazo legal para consignar al veterinario Luis Arístides López Moreno, por portación de más de 3.5 millones de pesos. El acusado declaró que trabajaba para Guillermo Padrés y el hermano de éste, Miguel.

En conferencia de prensa, el titular de la dependencia, Rodolfo Montes de Oca, dijo que se podría solicitar la intervención de la Procuraduría General de la República si se encuentran elementos constitutivos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

El ex gobernador no ha hablado al respecto. Fuentes oficiales revelaron que se reunió con los diputados locales del Partido Acción Nacional, supuestamente para discutir la postura de ese instituto político ante la aprobación del presupuesto 2016.

En el rancho El Pozo Nuevo, Padrés y su familia construyeron de manera ilegal una presa que almacenaba aguas de un ramal del río Bacanuchi, lo que, según lugareños, mermó la disponibilidad de agua en los pozos de esa región del noreste de Sonora.