En las convocatorias de procesos internos para elegir candidatos a gobernador, el PRI subraya la obligación de comprobar documentalmente todos los ingresos de los aspirantes que habrán de utilizar para su promoción.

Al final de la contienda deberán presentar un informe sobre el origen y destino de los recursos en precampaña del proceso interno.

El partido impone requisitos para comprobar que los aspirantes a un puesto de elección popular no son sujetos a algún proceso penal o han estado involucrados en conductas ilícitas.

Lo anterior se vincula con uno de los acuerdos aprobados en la sesión del Consejo Político Nacional de este partido realizada el 21 de noviembre, para blindar al partido, sus aspirantes, precandidatos y candidatos en contra de la delincuencia organizada y del uso de recursos de procedencia ilícita.

En la preparación de las contiendas locales 2015-2016, los consejeros del tricolor autorizaron que los aspirantes firmen una carta compromiso mediante la cual autoricen al PRI a investigar su situación patrimonial, fiscal y/o de entorno social, así como indagar si han sido sujetos de responsabilidad penal o administrativa.

Igualmente, que se les realicen las pruebas y evaluaciones necesarias para acreditar que no han incurrido en conductas delictivas y que no son adictos al consumo de sustancias prohibidas por la ley.

En cuanto a la militancia, los aspirantes a candidatos a una gubernatura deberán comprobar militancia de al menos 10 años y de tres cuando los posibles abanderados tengan hasta 35 años de edad. Sin embargo, en el mismo consejo político en mención se abrió la puerta para que el partido elija a simpatizantes (no militantes del PRI) cuando éstos sean más conocidos o estén mejor posicionados que los propios inscritos en el padrón del tricolor.