Al comparecer ante comisiones del Senado, la magistrada Norma Lucía Piña Hernández, una de las candidatas a integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sumó críticas de la oposición al evadir cuestionamientos sobre temas como la legalización de la mariguana, la eutanasia activa, el aborto, la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y la corrupción en el Poder Judicial.

Lo que sí definió es que avala la decisión del máximo tribunal de rechazar la demanda de someter a consulta pública la reforma energética. En particular, coincido con la resolución porque se trata de ingresos federales y política fiscal, uno de los parámetros que no daba lugar a la consulta.

El perredista Benjamín Robles y Mario Delgado hicieron los cuestionamientos, cada uno por separado, sobre la consulta pública de la reforma energética, que la Corte rechazó.

La magistrada insistió: lo que se resolvió fue que se refería a uno de los temas prohibidos por la propia Constitución tratándose de ingresos federales. Yo no considero que en términos generales se haga nugatorio ese derecho a la consulta, sino que si el propio constituyente estableció cuáles eran los supuestos en los que no procedía, tenemos que estar a lo que el propio constituyente decidió.

El perredista Armando Ríos Piter le hizo notar que como magistrada, es una de las que más rezago de casos acumula. No es rezago, son existencias, se defendió Piña Hernández.

En los tribunales, en los colegiados que yo he tenido el honor de participar, no existe rezago, sino existencia, derivada del número de casos que se presentan ante todo en los administrativos, agregó.

Comparecencia de la magistrada Norma Lucía PiñaFoto Yazmín Ortega Cortés

Considerada como favorita de la terna integrada por mujeres, se negó a aludir sobre ese tema.

Una respuesta poco clara sobre la restricción de derechos humanos cuando se encuentra en peligro la paz y la seguridad nacional provocó una lluvia de críticas en redes sociales.

En realidad, la magistrada respondió que la propia Convención Americana de Derechos Humanos “permite ciertas restricciones cuando se encuentre en peligro la paz y la seguridad nacional. Aunque agregó que “no necesariamente en sentido amplio, sino todo lo que diga la Constitución.

Fernando Yunes Márquez, presidente de la Comisión de Justicia, le preguntó si el tribunal constitucional debe ser el intérprete supremo de la Constitución o lo puede hacer también cualquier juez del ámbito local, y qué pautas interpretativas puede fijar la Corte en esta materia.

La senadora Martha Tagle la cuestionó sobre el recurso de revisión que interpuso el consejero jurídico del Ejecutivo federal contra una resolución que ordena a la Presidencia de la República entregar información clasificada de reservada en materia de seguridad nacional y sobre el papel que desempeñan las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico.

Dolores Padierna, del PRD, la cuestionó sobre la forma en que han actuado algunos congresos locales en relación con las candidaturas independientes, y si son válidos los candados que se han impuesto en algunos estados para esta forma de participación.