Oaxaca, Oax.

En el mismo auditorio en el cual Elba Esther Gordillo Morales dio posesión, en 1989, al primer comité ejecutivo de la sección 22 que siguió al derrumbe de Carlos Jonguitud, los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) reiteran su reto: quieren que el secretario de Educación, Aurelio Nuño, sostenga un diálogo público con ellos el 13 de este mes en la ciudad de México: Queremos que él exponga las bondades de la reforma y nosotros presentaremos nuestra propuesta de modelo educativo, dice Juan José Ortega Madrigal, secretario general de la sección 18 de Michoacán.

Entre las opciones que barajan los líderes de la CNTE está instalar un mesa en la Plaza de Santo Domingo, frente a la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, y colocar una silla para el secretario Nuño, a la espera de que cumpla su compromiso de sostener un diálogo abierto con los docentes.

La SEP de Aurelio Nuño ha centrado sus baterías en la sección 22 de Oaxaca, quizá con el convencimiento de que si infringe una derrota en toda la línea a los oaxaqueños habrá de diluirse la resistencia a la reforma política –Nuño dixit–, que ha encontrado en la CNTE a su principal adversario público.

Ortega Madrigal, rodeado de líderes de otros estados, llama la atención sobre el hecho de que el examen, buque insignia de la reforma educativa, se haya topado con resistencias en entidades donde la coordinadora tiene una presencia incipiente o marginal.

Los michoacanos han conseguido una vía que los oaxaqueños hubiesen esperado del gobernador que ayudaron a llevar al poder, Gabino Cué: un congreso organizado de manera bipartita para discutir las características del nuevo modelo educativo. Aún tantean los caminos para hacer realidad el acuerdo, pero, por lo pronto, brindan su respaldo al resto de los contingentes de la CNTE.

Al lado de Ortega Madrigal está el líder de una porción de la CNTE guerrerense, Ramos Reyes, que esta semana afrontará el examen en una entidad marcada por la violencia, de un estado donde hay escuelas cerradas no por los radicales de la coordinadora, sino por la violencia delincuencial contra la cual no puede nadie, el gobierno para empezar.

Ortega Madrigal plantea: “Si no pudieron con una ‘muestra de 150 mil maestros’, ¿cómo le van a hacer ahora que en febrero plantean evaluar a 40 o 50 por ciento del magisterio?”

Se sigue: ¿Cuánto gastó el gobierno para intentar evaluar a 6 mil compañeros? ¿Cuánto va a gastar para tratar de evaluar a 20 mil en cada estado? Ese gasto sería suficiente para resolver los problemas de mantenimiento, de equipo, las necesidades de miles de centros escolares.

El guerrerense Ramos Reyes afirma que en su estado ya están citando a trabajadores del gobierno del estado para participar en el examen, y agrega que este miércoles definirán las acciones de protesta que llevarán a cabo en contra de lo que definen como medición, que no evaluación.

Agrega Ortega Madrigal: La reforma es un paquete de mentiras, porque no es una evaluación sino una medición, ya que no la hizo el Instituto Nacional de Evaluación Educativa ni la aplicó el Servicio Profesional Docente. El examen lo hizo el Ceneval (Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior) y lo aplicaron las fuerzas represivas, apoyadas en el entreguismo de los gobiernos estatales.

Los líderes de la CNTE se mofan de las cuentas contradictorias que en cada entidad han entregado las autoridades federales y estatales, siempre con ajustes a la baja, y avalan, antes de encerrarse a definir los detalles del plan de acción, el planteamiento de que, en su momento, convocarán a un paro indefinido para defender la estabilidad laboral de los maestros de todos y cada uno de los estados del país.