Para junio de 2016, cuando arranque el nuevo sistema de justicia penal, la prisión preventiva solamente será aplicable para delitos graves, lo que significa que de las prisiones estatales y federales saldrán muchos internos que podrán enfrentar sus juicios en libertad. Tendremos que ver estado por estado cuántos van a salir y a qué se van a dedicar, señaló Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

En entrevista con La Jornada, el funcionario habló de temas que serán torales para las tareas de seguridad, administración e impartición de justicia, que atañen a cuerpos policiacos, instancias ministeriales, jueces e instituciones penitenciarias, y que tendrán impacto directo en la sociedad, como es la consolidación del mando único, la especialización de los agentes, peritos y jueces; la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, la operación penitenciaria y la adecuación de los exámenes de confianza.

Sales Heredia señaló que el gobierno federal buscará reformas constitucionales a fin de que las autoridades garanticen los derechos de policías, fiscales y peritos de todos los niveles, porque actualmente hay una contradicción legal que viola las garantías de estos servidores públicos. 

Asimismo, informó que en las próximas semanas ya no habrá sobrepoblación en las prisiones federales, y que también se ha realizado la corrección en las fallas de seguridad que enfrentaban las cárceles de máxima seguridad, particularmente el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, El Altiplano, del cual escapó Joaquín El Chapo Guzmán el pasado 11 de julio.

El comisionado nacional de Seguridad resaltó la importancia de cambiar la Carta Magna para terminar con “un error de raíz, ya que, constitucionalmente hablando, el artículo 123 implica la imposibilidad de la reinstalación de un policía, perito o agente del Ministerio Público que demuestre que fue injustamente cesado por no acreditar los exámenes de confianza.

“A esos elementos se les boletina y nadie los contrata, y con ello también se viola el artículo 5, que dice que cualquier persona puede dedicarse a la profesión que le acomode, siendo lícita. No podemos tener policías así; tenemos que cambiar la Constitución.

“Hay varias propuestas de reforma, incluso una que pretende un apartado C del artículo 123, con el propósito de que (a los agentes) se les otorguen los mismos derechos que tiene cualquier trabajador en una profesión en la que se pone en riesgo permanentemente la vida.

El nuevo sistema plantea la existencia de policías especializados en la investigación de homicidios, en trata de personas, en secuestros, en delitos patrimoniales no violentos, etcétera, indicó.

–¿Qué pasa con los exámenes de confianza?

–También hay que reformularlos, hacerlos objetivos, porque es profundamente discriminatorio e injusto basarse fundamentalmente en el examen del poligráfico. Lo objetivo es el resultado de las pruebas toxicológicas y de entornos social y económico.

En el polígrafo tienes una doble subjetividad en juego, la del sujeto a examen y la de quien examina. Muchas veces la respuesta depende del tono con el que preguntes.

–¿Planean que el Ejecutivo envíe o promueva una reforma que transforme la situación?

–Estamos trabajando con esa lógica. Buscamos que desde el Ejecutivo haya una iniciativa que otorgue mejores prestaciones para los policías, mejores seguros de vida, becas para sus hijos, la posibilidad de préstamos hipotecarios ampliados.

Las transformaciones surgen cuando el Estado respeta a sus policías, no de dientes para afuera.

–¿Va a ser funcional el mando único? ¿No se concentrará el poder en pocas manos?

–No habrá concentración de poder; habrá controles en cada una de las entidades y aumentará la coordinación, pero la gran ventaja del mando único se traducirá en mejores prestaciones, homologación de criterios salariales y la posibilidades de hacer carrera. También implica reconceptualizar la función del policía en el ámbito de su propia competencia constitucional: no todos los agentes deben realizar la misma tarea, ya que no es lo mismo investigar un homicidio, un fraude o una falta administrativa que enfrentar a la delincuencia organizada.

–¿Qué pasa con los problemas de los penales?

–La justicia administrativa y los penales son dos escalones del sistema de justicia penal que hemos olvidado por lo general.

“Ve con un gobernador, el que quieras, y en su estado hay cinco penales; pregúntale cuántas veces ha visitado este año la cárcel de su capital y te va a poner cara de que ‘no, pues ninguna, ahí no voy’. No se conoce suficientemente cómo están las cárceles estatales, las municipales e incluso las federales.

“La verdad es que a escala federal tenemos 23 centros y no tienen nada que ver con lo que acontece en algunos estados, donde lastimosamente tienes lo que se llama autogobierno delincuencial: desde los penales se secuestra, se extorsiona, conviven las bandas o se enfrentan. Un día sin droga es equivalente a un motín.

¿Qué es lo que estamos tratando de hacer en el sistema penitenciario federal? Primero, terminar con el hacinamiento, que era una recomendación recurrente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de otros organismos internacionales.

–¿Cómo encontró los penales federales?

–Comparativamente, bastante bien, pero tenemos mucho que hacer, que trabajar en términos generales, en términos de orden, de vigilancia constante.

–¿Y la corrupción?

–Mucho menor que en las prisiones estatales. Lo que estamos haciendo es una estrategia de contención y de prevención. 

–¿Ya disminuyó la sobrepoblación penitenciaria?

–Nos faltan dos penales; terminando el año ya no vamos a tener sobrepobación, pero se debe poner atención en que pronto se aprobará la nueva ley de ejecución de sanciones penales, y, en relación con el artículo 19 constitucional, se menciona que sólo ameritan prisión cierto número de delitos muy graves; esto implica la aplicación retroactiva en beneficio a quienes nunca debieron pisar la prisión.

Tendríamos que ver estado por estado cuántos van a salir cuando entre en vigencia esta norma, y qué van a hacer (esos reclusos), a qué se van a dedicar, agregó Sales Herdia.

–¿Esto tendrá impacto en el ámbito federal?

–Difícilmente va a haber una gran reducción, pero sí tendremos. Para eso van a ser útiles los brazaletes electrónicos, y la aplicación de medidas cautelares de otra índole.