Tixtla, Gro.

En un ambiente de incertidumbre y temor –luego del asesinato de cuatro policías comunitarios de la casa de justicia La Patria es Primero, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), ocurrido el jueves pasado– este domingo se efectuarán elecciones extraordinarias de autoridades municipales en esta comunidad, donde tienen su sede esa corporación civil y la escuela normal de Ayotzinapa.

Tixtla, cuna del consumador de la Independencia, Vicente Guerrero, y del escritor y militar Ignacio Manuel Altamirano, fue el único municipio de la entidad donde el 7 de junio pasado no hubo elecciones debido al boicot de organizaciones sociales en apoyo a la lucha de la normal y de los padres de familia, que exigen la presentación con vida de 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre del año pasado en Iguala.

El 9 de agosto, el Congreso del estado designó alcalde interino a Raúl Vega Astudillo –primo del gobernador Héctor Astudillo Flores– que comandó a los grupos de golpeadores y de presuntos miembros de la delincuencia organizada contra los activistas que boicoteaban los comicios el día del proceso electoral.

En el contexto de la lucha por los estudiantes de Ayotzinapa, en marzo pasado el entonces Consejo Magisterial (CM) impulsó la creación del comité promotor de la asamblea popular municipal (APM) de Tixtla.

La mayoría de los miembros del CM eran activistas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) que se sumaron al boicot a las elecciones.

A las asambleas empezaron a llegar los padres de familia y normalistas en ocasiones. Luego se conformaron comisiones: de organización, prensa, brigadeo y de finanzas. Se comenzó a definir como comité promotor por la asamblea popular municipal y se trabajó todo abril, incluso en el periodo vacacional.

Desde su creación, en el CM hubo dos vertientes, una partidaria de ganar espacios, participando en las elecciones del 7 de junio y de no confrontarse con las autoridades. Esta corriente comenzó a negociar con el gobernador Rogelio Ortega Martínez.

La otra corriente tenía como objetivo impulsar la creación del poder popular y el boicot a los comicios, que consistía en interpelar a los candidatos en sus actos de campaña, a quienes les pedía un debate. Así se hizo en dos actos del perredista Hossein Nabor Guillén y en cuatro del priísta Saúl Nava, uno de ellos en su casa.

En mayo se acordó retirar la propaganda de los partidos y sus candidatos, actividad que se extendió hasta el día de la jornada electoral.

Antes, en abril, el CM tomó simbólicamente el ayuntamiento y se firmó un documento con el entonces alcalde, el perredista Gustavo Alcaraz, para detallar las condiciones de resguardo del edificio.

Entonces se constituyó la asamblea popular municipal, con la normal de Ayotzinapa, los padres de familia, la CRAC de El Fortín y El Santuario y la Ceteg.

La posición del CM fue de entregar el ayuntamiento, pero las demás organizaciones le pidieron hacerse a un lado para que el edificio quedara en manos de la APM. Así fue el acuerdo y se ratificó en dos ocasiones.

Para esas fechas algunos miembros del CM se empezaron a reunir con representantes de los gobiernos estatal y municipal y se inició la ruptura con el resto de la organización, a pesar de que aún se asumían como APM.

El 5 de junio se acordó un plan de acción, que incluía la detección de la papelería electoral en casas de los funcionarios de casillas, que se interceptó en dos ocasiones.

Pero cuando se acordó instalar barricadas para impedir el acceso a la policía y el Ejército, sólo las demás organizaciones cumplieron colocando una en el barrio El Fortín. La división en la APM quedó evidenciada el día de la elección. El acuerdo era tomar y quemar las casillas, pero los del CM se opusieron por sus acuerdos con Rogelio Ortega.

Esa mañana cuando ocurre la confrontación en la colonia Guerrero, el CM entregó el ayuntamiento, lo que marcó la división y el desmantelamiento definitivo de la APM.

Ante estos hechos, el panorama electoral que se vislumbra este domingo es sombrío para la izquierda, que postula tres candidatos: Hossein Nabor Guillén, de los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y del Trabajo; Miguelina Ramos Hernández, de Morena, y Luis Muñoz Vázquez, de Movimiento Ciudadano

Los otros aspirantes son Saúl Nava Astudillo, primo del gobernador Héctor Astudillo Flores, por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista y Nueva Alianza, y Vicente Barrera Pablo, del Partido Humanista.