La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) solicitó a la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF) elaborar a la brevedad un informe especial sobre la garantía individual al hábitat, a partir de lo estipulado en la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad.

A propuesta del grupo parlamentario de Morena, el acuerdo, avalado por las demás fuerzas políticas, plantea que el legislativo local adopte las recomendaciones generales que determine la CDHDF en el informe para la revisión del marco jurídico de la ciudad en materia de desarrollo urbano.

La petición de los legisladores a la comisión se basa en la advertencia de que el problema del desorden urbano en la ciudad ha adquirido tal dimensión y gravedad que nos debe llevar a reconocerlo, con la mayor responsabilidad, como una situación crítica, de emergencia, en la que está de por medio el riesgo de la garantía de derechos humanos fundamentales.

El documento añade que si hay alguna materia en la que existe un número importante y preocupante de quejas y denuncias, no sólo de violación a leyes, sino a derechos humanos, es en cuanto a la aplicación de la política urbanoambiental, que en su mayoría no han sido resueltas favorablemente para la ciudadanía, lo que también pone en duda y cuestiona si se garantiza el derecho a la exigibilidad de estas garantías que tienen los ciudadanos que habitan y visitan la ciudad de México.

La Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, recordó Morena en la exposición de motivos del acuerdo, fue firmada y reconocida por el jefe de Gobierno y la misma CDHDF en 2010, y se planteó como documento base para elaborar la constitución de la ciudad de México una vez concretada la reforma política.

En otro tema, la presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF), Yasmín Esquivel Mossa, informó que los juicios de lesividad relacionados con construcciones representan apenas uno por ciento de los casos que recibe el organismo, sin embargo, no son asuntos sencillos de resolver, aun tratándose de casos de violaciones a la Norma 26 para vivienda de interés social y popular.

Refirió que solamente de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales por inobservancia de la ley en materia de uso de suelo tiene iniciadas 14 demandas, en tanto que en el informe que entregó la Seduvi a la ALDF refiere 18 juicios relacionados con violación de la Norma 26.

Esquivel Mossa refirió que en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo han detectado abusos de los desarrolladores, que construyen y presentan corridas financieras con valores unitarios de los departamentos apegados a la normatividad, pero terminan de edificar y ponen otro precio a la vivienda.