Integrantes del gremio de taxistas que laboran en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) entregaron una carta al director general, Alejandro Argudín le Roy, en la cual señalaron que en las terminales 1 y 2 existe una competencia desleal debido a la intervención de servidores piratas.

En el documento de cuatro cuartillas, del que La Jornada tiene copia, los representantes legales de Nueva Imagen, Carlos Tepale, Aeropremier, Enrique Ruvalcaba, Sitio 300, Miguel Ángel Romero Mohar, entre otros, exigieron a las autoridades aeroportuarias que impidan la operación de taxis ilegales que, con aplicaciones electrónicas como Uber y Cabify, brindan servicio en las vialidades de ambas terminales, además de que no cuentan con permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Asimismo, demandaron que los vehículos de la empresa Servicios de Excelencia salga del aeropuerto, ya que desde octubre de 2009 tiene una deuda de 120 millones de pesos por contraprestación del servicio.

Los inconformes señalaron que mediante la aplicación para teléfonos inteligentes (smartphones) Taxi Cloud, el sitio Excelencia, ofrece sus servicios desde y hacia el AICM, a pesar de que ha sido acusada por dichas organizaciones de operar de manera irregular.

Sin excepción, expresaron en la carta, todos los permisionarios disponen de la concesión para prestar legalmente el servicio que expide la SCT, en tanto que han cumplido de manera satisfactoria todos los requisitos que establece la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, así como el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares.

Reclamaron que celebraron con el AICM el convenio correspondiente para tener el derecho de acceso y estacionamiento, en los términos de la Ley de Aeropuertos y su reglamento.

Además, enfatizaron que dicho convenio impone a los permisionarios diferentes obligaciones, entre otras, el pago de contraprestaciones, la renovación de unidades y cumplir con la revista vehicular anual.

Eso debería de colocarnos en plena igualdad jurídica con todos los demás prestadores, sin embargo, aseguraron, no es así y advirtieron que no consentirán bajo ningún argumento que otorguen privilegios a otros.