La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a un juez girar orden de aprehensión contra Arturo Escobar, ex vocero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien hasta anoche era subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (SG).

Minutos antes de que la Fepade confirmara la acción legal contra Escobar, su titular, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer los detalles de la consignación en entrevista con CNN.

La fiscalía, detalló, recibió una serie de denuncias –de panistas, perredistas y ciudadanos en general– por la distribución de las tarjetas Premia Platinum en las que los mencionaba como afiliados, por lo que protestaron por el uso de sus datos personales.

Presumían que se había utilizado el padrón electoral para fines distintos a los electorales, por lo que la Fepade inició la investigación y encontró una serie de contrataciones y actos indebidos.

Agregó que con base en las investigaciones se consignó el pliego de consignación ante un juez federal y se solicitó la orden de aprehensión correspondiente.

Precisó que la reforma electoral estipuló la prohibición a los partidos políticos de entregar cualquier tipo de material en el que se haga una oferta, sea dinero o en especie de forma inmediata, directa o indirecta en las campañas electorales.

–¿Por qué Arturo Escobar? –cuestionó la periodista Carmen Aristegui.

–Él firmó los contratos en calidad de representante legal del PVEM, pero también en todos los casos yo tengo una instrucción muy clara de dos elementos, por un lado la PGR, la procuradora me instruyó paras actuar con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias a favor o en contra de ningún partido político, y en razón de que mi ejercicio no es contra los partidos políticos como instituciones, sino contra las personas físicas que delinquen, esto me permite desarrollar mis funciones y consignar a aquellas personas que yo considero que han incurrido en una conducta delictiva.

Después de que se difundió la entrevista, la Fepade emitió un comunicado en el que dio cuenta de la consignación ante un juez de distrito de la indagatoria relativa a las tarjetas que el PVEM compró a proveedores no autorizados por el Instituto Nacional Electoral (INE), así como acciones vinculadas, de presión a los electores.

Agregó que la consignación está relacionada con presuntos delitos electorales cometidos por un dirigente de un partido político –no mencionó el nombre– y empresarios relacionados con las aportaciones de dinero y en especie, cuando existe prohibición legal para ello. El contrato mercantil fue para la elaboración y entrega de 10 mil tarjetas Premia Platino de descuentos en establecimientos comerciales.

El boletín precisa que esta acción generó al partido tanto dinero como beneficios en especie de las empresas Proyectos Juveniles SA de CV, Multiservicios de Excelencia RQ de SC y Cards & Systems Solutions SA de CV.

La Fepade indicó que el envío que hizo (el PVEM) de cada tarjeta fue por mensajería y se acompañó de una carta informativa que enunciaba los establecimientos participantes en las campañas electorales y solicitaba mantener el apoyo al Partido Verde.

Instancias del Poder Judicial dijeron que la conducta imputada a Escobar prevé penas de prisión de cinco a 15 años. A pesar de ello, el delito no es considerado grave porque a nivel federal ello refiere sólo a procedimientos penales.

El juez tiene 10 días para estudiar el expediente enviado por la Fepade y resolver en torno a la probable responsabilidad de Escobar.

El PVEM fue el partido más multado en el reciente proceso electoral, por violar sistemáticamente la ley.

Menos de un mes después de que en el INE resolvieron no retirar el registro al PVEM, el 9 de septiembre el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció la designación de Escobar como subsecretario de Prevención, responsable del principal programa social anticrimen.

Escobar dijo el mes pasado que no permitiría ni utilizaría el plan antidelito con fines electorales. Si así ocurriera, prometió dejar el cargo.