El Estado mexicano reconoció su deuda con las víctimas del delito, afectadas por las condiciones de violencia e impunidad.

Se trata de hombres y mujeres que debido a las condiciones de violencia e impunidad presentes en estos años recientes en nuestro país han visto vulnerados sus derechos, señaló el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián.

Precisó que hay cinco temas en los que el gobierno –y el Estado mexicano en su conjunto– debe hacer un esfuerzo extraordinario: desaparición de personas, tortura, uso legítimo de la fuerza (reglas que rigen a las corporaciones ante ello), protección a periodistas y defensores de derechos humanos, y el flujo migratorio.

México tiene, desde junio de 2011, un marco jurídico para privilegiar las garantías básicas, por lo que el siguiente paso es avanzar en un cambio cultural de los servidores públicos, sobre todo de las corporaciones de seguridad y las instituciones de procuración de justicia.

Debemos reconocer que quedan muchas tareas pendientes, añadió. Algunas de ellas están referidas a la puesta en marcha del actual marco jurídico e institucional.

Para decirlo de manera sencilla: tenemos el marco legal e institucional, ahora hay que hacerlo realidad, defender los derechos de las víctimas en la trinchera de la aplicación del derecho, dijo.

Durante la inauguración del foro Los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos conforme a los principios constitucionales, el funcionario también hizo un llamado a los abogados para que se actualicen en materia de derechos humanos, porque ese es el paradigma constitucional.

“Estamos trabajando para disminuir las violaciones a derechos humanos en todos los rubros, especialmente en los que más aquejan a la sociedad… esa es la ruta que marca nuestra Constitución en su primer artículo”, dijo.

La meta, añadió, es hacer de México una sociedad de derechos. Estamos conscientes del trecho que nos falta para lograrlo, pero estamos trabajando comprometidos en la promoción de la política del Estado en la materia.

El comisionado presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín del Rincón, dijo que la violación a los derechos humanos de cualquier persona produce un cambio radical en su contexto, por ello se deben cristalizar en acciones que ayuden a reconstruir su proyecto de vida.

Es indispensable analizar las ventajas y desventajas de la ley General de Víctimas para facilitar su acceso y acercamiento a quienes la necesiten, comentó.