La Procuraduría General de la República (PGR) informó que en los pasados tres años redujo en más de 83 por ciento el número de testigos colaboradores (también llamados protegidos), que entre 2007 y 2012 costaron más de 22 millones de pesos, durante el sexenio de Felipe Calderón.

La dependencia señaló que el Comité de Evaluación de los Lineamientos para la Protección de Testigos Colaboradores analizó la situación de las personas que forman parte de dicho programa, y como resultado se decidió dar de baja a tres personas más en esta condición jurídica.

Según los registros de la PGR, en 2012 el Ministerio Público Federal tenía un total de 66 testigos colaboradores, el número disminuyó a 53, en 2013, pasó a 40 en 2014 y actualmente sólo hay 11 personas con protección.

El comité de la PGR destacó que en administraciones pasadas se llegó a convertir en práctica recurrente, sin algún otro sustento que basar las investigaciones en el uso de testigos colaboradores o protegidos.

Ante esta situación, explica la PGR, la procuradora Arely Gómez instruyó que para evitar abusos en el empleo de esta figura ninguna averiguación previa, en su ejercicio de la acción penal, deberá sustentarse sólo en el dicho de un testigo colaborador, por el contrario, de ser el caso, tendrán que estar vinculados con otros medios de prueba.

Seguimiento a declaraciones

Además, la procuradora solicitó que se siga revisando, por lo menos cada tres meses, la utilidad de las declaraciones en los procesos en los que intervienen los testigos protegidos, así como su comportamiento y disponibilidad para que se determine su continuidad en el programa.

Durante las gestiones de Eduardo Medina Mora y Marisela Morales, el programa de testigos protegidos de la PGR llegó a brindar protección física y judicial a 379 personas, la mayor parte de ellas integrantes de grupos del crimen organizado que se acogieron a esta figura, y que a pesar de formar parte de algún grupo o cártel fueron utilizados sin lograr triunfos judiciales en más de 20 averiguaciones previas, en las cuales supuestamente señalaban actos cometidos por integrantes de organizaciones como los cárteles de Juárez, Sinaloa, de los Arellano Félix o de los hermanos Beltrán Leyva, cuando los declarantes pertenecían al del Golfo o Los Zetas.

Por mencionar un ejemplo, José Salvador Puga Quintanilla, El Pitufo, integrante de Los Zetas, lo mismo fue utilizado para acusar a más de 40 servidores públicos del estado de Michoacán, tres generales, entre ellos el ex subsecretario de la Defensa Nacional Tomás Ángeles Dauahare; ex funcionarios de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (Seido), como Noé Ramírez Mandujano, quien fue señalado por Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y a cambio obtuvo beneficios judiciales, por señalar falsamente que el entonces subprocurador brindaba protección a un grupo criminal.

Al principio de esta administración federal, el ex procurador Jesús Murillo Karan informó a La Jornada que se reduciría el número de testigos protegidos porque la mayoría de sus testimonios no servían en los procesos penales, pero fue hasta ayer cuando se dio a conocer la reducción de las personas que forman parte del programa.

Entre 2006 y 2012, la PGR pagó entre 50 mil y 150 mil pesos a cada integrante del programa de testigos protegidos, además de brindarles vivienda, custodia para su familia y sus hijos y alimentación.

Al cierre de la gestión de Marisela Morales, oficialmente, la PGR llegó a tener 66 testigos colaboradores, sin lograr ninguna sentencia condenatoria firme en contra de los imputados.