En los hechos de Apatzingán, ocurridos el pasado 6 de enero, donde fueron muertos 10 civiles y 21 más resultaron lesionados, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó el uso excesivo de la fuerza por elementos de la Policía Federal (PF), que derivó en la muerte de cinco personas, así como en la ejecución extrajudicial de una más. Varios de los agredidos estaban desarmados.

En la recomendación 3VG /2015 por violaciones graves a los derechos humanos cometidas durante estos hechos, el organismo nacional señaló que debido a la ausencia de elementos técnicos no pudo determinar la intencionalidad de ejecución en otras de las muertes ocurridas, pero que deben ser investigadas.

Señaló que en el desarrollo de sus investigaciones enfrentó diversos obstáculos, principalmente de la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán, la que incluso le negó impresiones fotográficas de la necropsia de uno de los cuerpos. Además, concluyó que el lugar no se preservó y no se tuvo la debida preservación de la cadena de custodia, al no embalar algunos indicios, evidencias o medios probatorios obtenidos en el sitio. La primera responsabilidad es atribuible a la Policía Federal, y la otra, a la procuraduría estatal.

Sin embargo, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, que al principio de la presentación precisó que este organismo no investiga delitos ni efectúa indagaciones paralelas a las realizadas por las instancias de procuración, pues está orientada sólo a determinar si hubo violaciones a los derechos humanos.

Precisó que la CNDH también tuvo conocimiento de otros hechos violatorios en los que participaron elementos estatales y locales del municipio de Apatzingán, así como efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero que no son considerados violaciones graves a los derechos humanos.

En total, de acuerdo con esta recomendación, fueron 10 personas fallecidas y 21 lesionadas de las que ninguna presenta disparos de arma de fuego a corta distancia ni hay constancia médica de que alguna de ellas presentara el tiro de gracia. En el operativo participaron 44 policías federales y 287 elementos del Ejército.

No obstante, reconoce que una de las personas muertas presentó 27 balazos en el cuerpo, una más ocho impactos y otras dos presentan siete lesiones de proyectil, resultado de un enfrentamiento entre personal de la Policía Federal y miembros de autodefensas.

El hombre ejecutado recibió 14 disparos, no portaba armas, y aun cuando gritó que no estaba armado y levantó las manos en señal de rendición, los policías federales dispararon, incluso cuando ya estaba en el piso.

En su momento, el entonces comisionado para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, rechazó cualquier posibilidad de ejecución extrajudicial por elementos policiacos. Por cierto, la recomendación de la CNDH no involucra ni cita al ex comisionado Castillo. En ese momento, el gobernador era Salvador Jara, y el procurador de Justicia, José Martín Godoy Castro.

En la recomendación, dirigida al comisionado de Seguridad Pública, al secretario de la Defensa Nacional, al gobernador de Michoacán y al alcalde de Apatzingán, se señalan una serie de obstáculos que enfrentó la CNDH, entre los cuales están las imprecisiones en los informes de la Policía Federal respecto de los hechos que motivaron el desalojo de las personas que se encontraban en las inmediaciones del ayuntamiento, así como de las circunstancias de tiempo y modo en las que se llevó a cabo el operativo.

También se acreditaron inconsistencias en los dictámenes de las necropsias practicadas a los cuerpos de los agraviados y el levantamiento de dos cuerpos, dado que los nombres de las personas muertas estaban invertidos.

En la recomendación, la CNDH acredita también que hubo dilación en la solicitud de auxilio por la Policía Federal para que personal médico atendiera a cuatro personas que finalmente perdieron la vida, pues recibieron atención tardía.