os municipios están al borde del colapso financiero y requieren una reforma igual o mayor que las de 1983 y 1999. Tres son los principales factores que han causado la insuficiencia crónica de recursos en los gobiernos locales: uno, el esquema extremadamente centralizado del sistema fiscal, sobre todo después de 1998, con las transferencias federales (ramo 33), que si bien aumentaron los ingresos provocaron una enorme pereza fiscal de los municipios. Si el gobierno federal recauda más de 90 por ciento de los impuestos, los ayuntamientos gastan lo que no captan. El principal impuesto con que se quedan los ayuntamientos es el predial, pero el nivel de recaudación es lastimoso, a veces menor a 50 por ciento. Y otros ingresos propios son insignificantes.

Otro factor de desfinanciamiento es la desproporción entre las dos agendas de gasto: la llamada agenda constitucional, que incluye las obligaciones que estipula el artículo 115 de la Constitución, como servicios de limpia, agua potable, residuos, etcétera, y la agenda ampliada, es decir, las competencias asignadas a los gobiernos locales en medio ambiente, desarrollo rural, educación, planeación urbana o salud. El aumento de competencias municipales no ha correspondido con un aumento de transferencias del presupuesto federal.

Un tercer elemento es la pésima administración y la apuesta por la deuda (el de atrás paga). Ahora los ediles se plantean algo que parece fácil: aumentar impuestos sin un plan integral de saneamiento financiero. Se requiere una reforma constitucional que normalice las dos agendas y su función en el desarrollo social, las obligaciones fiscales, la duración de las administraciones y sus estructuras de representación. Urge atender el abandono del federalismo en la reforma del Estado.