La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó atraer los casos de Oliver Navarrete Hernández y de decenas de cuerpos encontrados en fosas clandestinas en el predio El Maguey, ejido de Tetelcingo, Morelos, donde la fiscalía general de esa entidad inhumaba cadáveres.

Además, pidió que se otorguen medidas cautelares que permitan garantizar la vida e integridad física de las señoras María Concepción y Amalia Hernández Fernández, madre y tía de Oliver.

El anuncio se hizo después de que el lunes pasado el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, sostuviera una reunión con la familia Hernández y representantes de distintos colectivos de familiares de víctimas de desaparición, así como con el padre Alejandro Solalinde, el poeta Javier Sicilia y el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez.

Durante la reunión se propuso abrir una mesa de trabajo en la que participen la CNDH, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación y la UAEM, en relación con las fosas clandestinas de la fiscalía estatal.

Las inhumaciones

Según se ha denunciado, la Fiscalía General de Morelos llevó a cabo la inhumación de 150 cuerpos en dicha fosa común falsificando firmas y documentos oficiales, sin certificados de defunción y ninguna orden ni acuerdo del Registro Civil. El predio no es considerado oficialmente como panteón y mucho menos cuenta con la licencia sanitaria correspondiente.

La familia de Oliver expuso el caso de su hijo, secuestrado y asesinado en 2013, quien, a pesar de estar plenamente identificado, fue inhumado de manera ilegal en una fosa clandestina ubicada en Tetelcingo, en el municipio morelense de Cuautla, el 28 de marzo de 2014. Asimismo, pidió que la CNDH y la PGR atraigan el caso, por una parte, para hacer justicia al joven, pero también por las 149 familias de los que siguen bajo tierra en esas dos fosas ilícitas.

Será el segundo visitador general, Enrique Guadarrama, quien se encargará del caso. En sendos oficios al secretario de Gobierno, Matías Quiroz, y al fiscal general, Javier Pérez, la CNDH también ha solicitado medidas cautelares para garantizar la preservación del lugar de los hechos, así como mantener el registro que contenga la identificación de personas que intervengan en la cadena de custodia y de quienes están autorizados para reconocer y manejar indicios, huellas o vestigios de lo sucedido.