Con el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (ATP) las comunidades forestales, que poseen 80 por ciento de bosques y selvas del país, corren el riesgo de ser marginadas y sus habitantes podrían convertirse en mano de obra barata. Existe la mala experiencia que han dejado más de dos décadas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), señaló el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).

Recordó que con el tratado se impulsó la importación de madera y otras materias primas forestales sin fortalecer antes a los productores mexicanos, lo cual ha dejado gran déficit comercial y el cierre de empresas comunitarias que generaban empleos en Durango, Chihuahua, Campeche, Quintana Roo, Oaxaca y otros estados.

Con el TLCAN y la eliminación de aranceles comerciales con Estados Unidos, Chile y otros países, el consumo de materias primas forestales se ha incrementado de manera importante, no así la producción nacional. El alto porcentaje de población en pobreza persiste, por lo que es claro que este problema no se resuelve sólo con la llegada de inversión extranjera y la generación de empleos mal pagados en las maquiladoras, el turismo y la agroindustria, que contrata jornaleros a destajo, indica en un análisis de los efectos del ATP en el sector forestal mexicano.

Ante la adhesión de México al acuerdo –firmado el pasado 5 de octubre por 12 países–, el gobierno federal debe revisar sus políticas económicas y sociales para fomentar las economías rurales basadas en el manejo sustentable y comunitario de los recursos forestales, a fin de garantizar una verdadera conservación a largo plazo de los ecosistemas, indicó.

El consejo mencionó que frente a los cambios que se avecinan es necesario ver las regiones rurales y los territorios forestales con ojos renovados e inteligencia política, no sólo con mirada de rentabilidad financiera, que no evalúa los costos sociales y ambientales.

La organización indicó que subordinar la política forestal y social a criterios macroeconómicos de eficiencia que no permiten esquemas alternativos para el uso sustentable y conservación de los recursos forestales, que privilegien la generación de empleos locales, pone en riesgo la cohesión social en las regiones rurales, no ayuda al bienestar de las familias campesinas y tampoco contribuye a mantener en buen estado los bosques.

Estimó que otros riesgos son la introducción de especies exóticas y enfermedades forestales, el incremento de la tala de especies protegidas y menores incentivos para la restauración forestal.