Las empresas Tradeco e IGSA no pudieron garantizar que contaban con mil 507 millones de pesos para construir el Hospital General Gonzalo Castañeda, por lo que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) canceló el contrato y les cobró la multa de 46 millones de pesos más IVA, además de una fianza de 155 millones de pesos.

Era el primer contrato con el esquema de asociación público-privada (APP) que emprendía el organismo para reponer el nosocomio cerrado en septiembre de 2011 por graves problemas en la estructura, los cuales incluso ponían en riesgo la vida de derechohabientes y trabajadores.

Ahora, con base en la ley de APP, el instituto invitará a por lo menos tres empresas para que presenten sus proyectos y elegir la mejor opción, a fin de que se inicie la demolición del viejo edificio e inicie la construcción del nuevo, a finales del primer trimestre de 2016.

Este tipo de contratos, según los cuales empresas privadas se encargan de construir y equipar los nosocomios y luego, durante 25 a 30 años, la institución les paga por administrarlos, representan la mejor alternativa, de acuerdo con las autoridades.

En el caso del hospital Gonzalo Castañeda, que crecería de 104 a 120 camas censables, el convenio señalaba que el Issste pagaría anualmente alrededor de 300 millones de pesos, durante 25 años.

Un gran proyecto

Fue anunciado como el gran proyecto del Issste, y lo es, sostuvo el director general del instituto, José Reyes Baeza Terrazas, por lo que impulsará planes para construir nuevos hospitales con esta modalidad en Mérida, Yucatán; Villahermosa, Tabasco, y uno más en el sur del Distrito Federal.

Existe además, dijo, la petición del gobierno de Sonora para sustituir mediante una APP el hospital de Hermosillo, el cual tiene alrededor de 70 años de antigüedad.

Se trata, dijo, de subsanar en el corto plazo las deficiencias de infraestructura del instituto y contar con hospitales modernos y de primer mundo.

Lo que se requiere es la proyección financiera, es decir, cómo se administrará y financiarán los pagos para que el particular recupere su inversión, la rentabilidad de su dinero y asegure el funcionamiento óptimo de las instalaciones durante la vigencia del contrato.

En entrevista, Baeza Terrazas comentó que en la licitación pública efectuada recientemente para el Gonzalo Castañeda se asignó el contrato a la opción más atractiva por su bajo costo, pero no era necesariamente la más viable, lo cual se comprobó al poco tiempo, cuando las empresas no pudieron acreditar que tenían el respaldo financiero para llevar a cabo los trabajos.

Ellos buscaron un fondeador, una empresa que aportara los recursos para la construcción y administración del proyecto, pero incumplieron las dos o tres prórrogas acordadas por la junta directiva del Issste.

Los inversionistas tenían que cumplir con los depósitos, iniciar seis meses atrás la demolición del edificio, ubicado en Tlatelolco, a fin de poder comenzar en enero la edificación del nuevo inmueble en el mismo lugar, indicó el directivo.

Al no cumplir los plazos autorizados y las ampliaciones de término, incluida la última –que venció el 31 de octubre–, el Issste decidió, con base en la ley, la rescisión del contrato.

Actualmente, el organismo se encuentra en la etapa de definir la ruta a seguir para iniciar cuanto antes el nuevo procedimiento administrativo con la invitación a por lo menos tres empresas, cuya experiencia y solvencia financiera se revisará, señaló.

En cuanto a Tradeco e IGSA, seguramente hubo muchos factores imputables a diferentes causas. La única realidad insoslayable es que no se ha empezado la demolición, no se ha movido ni una piedra y los tiempos ya nos rebasaron. No es un tema de satanizar a nadie. Simplemente hay tiempos, circunstancias, momentos que no se alinean y llevan a este escenario.

Por otra parte, Baeza Terrazas comentó que para tareas de mantenimiento, construcción de pequeñas obras (ampliaciones o remodelaciones), el Issste habrá destinado cerca de 5 mil millones de pesos entre 2014 y 2016.