A un año de darse a conocer las 10 medidas del presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad, tras los hechos de Iguala y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sólo una se ha cumplido, la sexta, pues se realizó un operativo en la región de Tierra Caliente; dos más se llevaron a cabo parcialmente, y las siete restantes están casi en el olvido.

Luego de un año lo que encontramos es que prácticamente no ha cambiado nada y que la crisis de derechos humanos está instalada en el país. Este decálogo fue un discurso para transitar el momento, pero que así como se anunció se dejó atrás, concluye el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Imdhd) luego de hacer un análisis de la propuesta presidencial anunciada el 27 de noviembre de 2014.

El estudio destaca que la mitad de esas medidas consistía en proponer nuevas leyes, las cuales se mantienen en la congeladora legislativa. Pero lo que resulta paradójico, dice, es que teniendo mayoría en el Congreso su mismo partido, las iniciativas no se han aprobado. En realidad, las que fueron presentadas nunca han sido una prioridad para el PRI.

Édgar Cortez, investigador del Imdhd, comenta que era necesario revisar de ese decálogo qué parte y cómo se ha cumplido, pues en su momento el mismo presidente Peña Nieto afirmó que se trataban de verdaderos cambios de fondo, que permitirían mejorar la seguridad, la justicia y el estado de derecho en México. Pero los hechos nos demuestran que se trató, de nueva cuenta, de un anuncio para salir del paso, y sin una verdadera intención de superar la crisis de derechos humanos y de seguridad que vive el país.

Sólo una de las medidas se cumplió, que es la referente al operativo policial en Tierra Caliente, esa región que comparten los estados de México, Guerrero, Michoacán, y Morelos, pero del cual tampoco se tiene información sobre el grado de éxito.

Dos medidas más de aquel decálogo fueron cumplidas parcialmente: la cuarta, que consistía en que hubiera un solo número nacional para llamadas de emergencia. Hasta ahora sólo se cuenta con el visto bueno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero la puesta en marcha está pendiente.

Dentro de la octava medida, respecto de fortalecer los derechos humanos, se han realizado algunas acciones, pero otras están pendientes de cumplirse, como crear las leyes generales contra la tortura y la desaparición forzada.

El análisis de la propuesta presidencial señala que a dos meses de los hechos de Iguala era urgente anunciar medidas que atendieran el caso, pero que también fueran una respuesta más amplia al recurrente problema de la impunidad, aunque ya pasado un año de aquel anuncio, prevalece la situación de violaciones a los derechos humanos.

Dentro de las leyes enviadas por el Presidente y que están pendientes de discusión en el Congreso están, entre otras, la referente a evitar la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales, y la obligatoriedad de las policías estatales únicas; la creación del sistema nacional anticorrupción, y la creación de la clave única de identidad.