La venta de antigüedades y obras de arte producto del saqueo de la zona de conflicto en Medio Oriente genera al Estado Islámico (EI) unos 100 millones de dólares al año, aseguró Pedro Luis Echeverría Alegría.

El director de derecho internacional de la consultoría jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) participó ayer en la mesa redonda Cultura y patrimonio frente a la violencia, que organizó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El funcionario alertó acerca del aumento de artefactos de esa zona en el mercado negro, ofrecidos en venta sobre todo en sitios de Internet, todo ello según datos de varios investigadores internacionales.

De acuerdo con esos especialistas, resulta muy probable que en los próximos cinco o 10 años, después de que esos bienes se hayan enfriado o blanqueado, un muy importante número de éstos llegará al mercado mundial, agregó.

Echeverría Alegría señaló que el EI destruye bienes inmuebles de gran tamaño o piezas fácilmente identificables, pero el resto “son objeto de tráfico a gran escala, lo que implica también el saqueo o excavaciones irregulares a escala verdaderamente industrial. Por tal motivo, el vínculo entre el saqueo de esos bienes y el terrorismo representa hoy una buena sacudida o un cambio radical de circunstancias para todos los que navegamos en el ámbito cultural.

Si bien el tráfico de bienes culturales no genera las toneladas de dinero que el tráfico de drogas o de armas, los especialistas calculan que en general la venta ilegal de patrimonio proveniente de diversos países genera hasta 6 mil millones de dólares anuales.

El funcionario de la SRE reiteró que la destrucción deliberada de bienes patrimoniales tiene gran impacto regional o global y no sólo en términos culturales, sino que afecta la reconciliación entre personas en el contexto de procesos de paz. En muchos países la destrucción y tráfico de patrimonio son utilizados para atizar el odio.

Campaña internacional del Icom

En el encuentro de este lunes, en el Museo Nacional de Antropología, Ana Shapiro de Zagury, secretaria del Consejo Internacional de Museos (Icom) en México, dijo que esa organización agrupa unos 30 mil profesionales de museos en el mundo, entre quienes una prioridad es la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, para lo cual el Icom ha implementado una campaña internacional.

En particular, “se promociona la ética profesional para que los museos no se presten a la compra- venta de esos bienes ilícitos. Entre los socios se comparte información y se elaboran programas de capacitación dirigidos a policías y aduaneros. También nos dirigimos a los que comercian arte para que se fijen muy bien qué venden y qué compran.

Los museos deben adoptar reglas rigurosas en términos de adquisición de sus colecciones. No es lógico que un museo acepte así nada más la donación de piezas, hay que ver de dónde provienen y cuál es la intención del donador. Adquirir bienes es muy tentador, o ver en una subasta la pieza que hace falta para enriquecer tal colección, pero el origen de esa obra puede ser el robo o el comercio ilícito. Icom es muy firme en la aplicación de sus códigos de deontología.

Shapiro comentó que existen las llamadas listas rojas, donde se definen las categorías de objetos arqueológicos y obras de arte en peligro de un país o de una región para impedir su venta y su exportación ilegal.

“Hay listas rojas de bienes arqueológicos africanos, latinoamericanos, iraquíes, afganos, peruanos, camboyanos, y de bienes culturales chinos, colombianos, haitianos, egipcios, latinoamericanos y sirios, estos últimos, los que en mayor peligro están porque los circulan personas sin la más mínima ética.

“También existe una norma internacional que se llama identificación de objetos (objet ID), que facilita el reconocimiento de piezas robadas, sobre todo en aduanas y entre comerciantes de bienes artísticos.”

Participaron también Luis Herrera Lasso, investigador del seminario Fenomenología de la violencia desde la perspectiva mexicana; Eric Tardif, asesor jurídico de la Cruz Roja Internacional para México, América Central y Cuba, y Francisco López Morales, director de patrimonio mundial del INAH.

En representación de Teresa Franco, directora de ese instituto, asistió el antropólogo Diego Prieto, quien apuntó la existencia de riesgos devastadores que es necesario atender de manera urgente para definir estrategias y métodos para una protección más puntual y firme de los bienes culturales.