a ciudadanía se ejerce en un espacio y un tiempo con una concreción histórica. La definición de dicho espacio es un proceso continuo que tiene ciertas anclas, unas más firmes que otras, asentadas en los acuerdos y las leyes. Es un recorrido con avances y retrocesos, no es lineal. El progreso en esa materia no es continuo en ninguna sociedad. Y sus variaciones entre las naciones es ciertamente inmenso. La ciudadanía no es un regalo del Estado, ni es inmune a ataques de fuera. Se gana y de maneras ciertamente diversas.

En México se han ido ampliando los espacios de la ciudadanía, pero nadie puede negar que faltan muy largos trechos por recorrer. Recientemente se ha dado un caso sobre el que conviene reflexionar y evaluar su forma, su contenido y sus repercusiones.

Es un error, una limitación injustificada circunscribirlo a una cuestión eminentemente legal, de procedimientos, criterios y procuración de la justicia.

Este litigio tiene una amplia resonancia ciudadana. Desde hace ya varios años la Asociación Civil México Unido Contra la Delincuencia se propuso que el Poder Judicial se pronunciara por las condiciones para despenalizar el autoconsumo de la marihuana, con el fin de reducir el negocio ilegal de su venta, distribución y consumo. Esta estrategia es consistente con el objetivo principal que declara esa asociación: organizar esfuerzos para hacer algo y no permanecer pasivos ante la creciente inseguridad del país.

En el listado de comunicados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 4 de noviembre se presenta de modo sucinto el sentido de la resolución bajo el título Prohibición absoluta del autoconsumo de la mariguana es inconstitucional.

Se revisó el amparo pendiente a propuesta del ministro Arturo Zaldívar. De tal manera, se autorizó a los demandantes el consumo personal de mariguana sin que por ello la puedan comercializar ni consumir otros estupefacientes y sicotrópicos.

El juez Zaldívar consideró el derecho fundamental que permite a las personas mayores de edad decidir sin interferencia alguna, y por supuesto la del mismo Estado, sobre las actividades lúdicas o recreativas que quieran realizar. Acotó que ese derecho puede ser limitado para cumplir los objetivos protegidos por la Constitución en cuanto a la salud y el orden públicos. Argumentó que el sistema de prohibición actual no es necesario para proteger la salud y el orden público, pues hay otros medios que afectan menos el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Se abrió un amplio espacio ciudadano, legal y político que en realidad es independiente del contenido específico del caso asociado con el uso de la mariguana. Esto puede ser incluso irrelevante. Se trata de establecer una distancia entre las capacidades y las motivaciones de control del Estado sobre la gente y los derechos del individuo.

En esto reside el quid del caso. Y no es un asunto menor. Ahora seguirá un proceso legal para establecer las pautas para implementar esta resolución, en donde habrán de participar los cuatro demandantes que como individuos fueron objeto del amparo, la Cofepris, Gobernación y quien sea necesario, hasta que sea motivo de legislación. No es un camino llano.

El origen de todo esto también conviene ser considerado. La cuestión es la de la inseguridad planteada por México Unido y que considera estrechamente ligado con el negocio del narcotráfico y la violencia que acarrea. El enfoque es modificar la política prohibicionista por sus consecuencias negativas, por la forma en que se asumen las responsabilidades públicas y privadas y el modo en que se asignan los costos y los beneficios que esto produce. En México mueren nueve veces más personas por efecto de la diabetes que directamente por el consumo de drogas ilegales. El número de muertos y de personas desaparecidas por actos relacionados con el narcotráfico y la guerra declarada por el gobierno anterior y sus secuelas es enorme.

Al parecer, hay consonancia entre los demandantes y el juez en que legalizar de alguna manera el consumo no es abrir las puertas al mercado, que la regulación es responsabilidad del gobierno, pero se admite la injerencia de los ciudadanos y que se distingue entre despenalizar el consumo y las reglas que deben establecerse.

Un giro relevante del caso es el de los derechos humanos. La Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerable AC (Smart), asociada con México Unido, abre otro frente relativo a la capacidad del Estado democrático de prohibir el consumo de sustancias como la marihuana, de obligar a llevar vidas sanas y las decisiones sobre nuestro cuerpo. Se trata de los límites de la libertad individual.

Hay un resquicio y el juez lo aprovechó. En cuanto al gobierno no es claro qué quiere hacer, pero debería darse cuenta de las posibilidades que esto crea para redefinir la relación con los ciudadanos. Lo mismo pasa con el Congreso. La sociedad irá variando su postura hacia una menor condena de la mariguana, actitud fuertemente afianzada en el país.

El pensamiento libertario más radical propugna la libertad absoluta y la supresión del gobierno y la ley. No se llega a esto en el tema de la marihuana que aquí se considera. Otras versiones apuntan a reducir la injerencia del gobierno y acrecentar la autonomía del individuo en materia política y la superioridad de su propio juicio. Este caso apunta al problema de la determinación de la libertad individual y la relación con el Estado. Una dosis de libertarianismo cae bien.