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Irregularidades en el proyecto Los Cardones, de Grupo Invecture

Juicio político a ex funcionarios que autorizaron mina en BCS
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 23 de noviembre de 2015, p. 38

La Paz, BCS.

El Congreso local aprobó, pese a la oposición de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), iniciar juicio político en contra de ex regidores y otros ex funcionarios de la administración municipal de La Paz 2012-2015.

En sesión privada, la mayoría de los legisladores aprobó el dictamen para procesar al ex alcalde Francisco Monroy Sánchez; el ex secretario general de Gobierno Marco Antonio Núñez Rosas y el ex síndico Francisco Javier Moreno Soria.

También serán juzgados los ex regidores Fausto René Álvarez Gámez, Silvia García González, José Guadalupe Íñiguez Cabada, Norma Alicia Castañeda Quintero, Ricardo Fiol Higuera, José Javier Martínez González, José de la Toba Camacho, Alma Melissa Bernal Araiza, Javier González Rubio Cerecer, Saúl Lamas Guzmán y Jesús Francisco Rubio Salgado.

Según la comisión de puntos constitucionales y justicia, los ex funcionarios habrían violado la ley de manera dolosa al autorizar el cambio de uso de suelo a terrenos cuya propiedad no estaba acreditada para realizar el proyecto minero Los Cardones, una mina de oro a cielo abierto en la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna.

La comisión de puntos constitucionales y justicia afirma que los denunciados violentaron las constituciones federal y estatal; la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Baja California Sur, la Ley Orgánica Estatal del Gobierno Municipal, y el Reglamento Interior del Ayuntamiento de La Paz.

El Congreso anunció que formará la comisión instructora para iniciar el procedimiento en contra de los señalados, quienes podrían ser inhabilitados para ocupar cargos públicos hasta por 20 años.

Los implicados autorizaron el cambio de uso de suelo del proyecto Los Cardones, de Grupo Invecture, de Ricardo Salinas Pliego, en una sesión privada fuera del palacio municipal y sin dictamen técnico de la dirección de desarrollo urbano del municipio de La Paz, uno de los requisitos indispensables para llevar a cabo el trámite.