En aras del negocio inmobiliario, la mañana del 18 de noviembre fueron desalojadas las familias que habitaban el edificio de Revillagigedo marcado con los números 77 a 81, en el Centro Histórico. Tras la acción, de inmediato se colocó en la fachada el anuncio de venta y, de acuerdo con vecinos, se transformará en un nuevo conjunto residencial y comercial.

Cuatro días después, las pertenencias de al menos 30 familias desalojadas seguían abandonadas en plena calle, entre ellas viejas fotografías familiares, libros y cuadernos de notas, discos, calendarios, recibos, revistas, litografías, camas, consolas y roperos antiguos, convertidos en mudos testigos de los hechos.

El antiguo inmueble de tres pisos y amplios balcones con artísticos remates es custodiado por elementos de seguridad ajenos a la ciudad de México –quienes están armados y visten uniformes negros con las siglas CES, que corresponderían a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del estado de México– y es ofrecido por inmobiliarias en Internet, donde piden de siete a 10 millones de pesos por todo el terreno de mil 300 metros cuadrados de construcción, incluido el predio ubicado en la esquina de Revillagigedo y Manuel Márquez Sterling, del cual su propietario, el ingeniero Miguel Angel Robledo Loyo, dice haber sido despojado.

Uno de esos anuncios pide que el pago sea de contado y otro ofrece entregarlo totalmente vacío (es decir, evacuado); uno más señala abiertamente que la fachada está catalogada (www.inmuebles24.com).

Ese día los moradores fueron desalojados por segunda ocasión; la primera fue el 4 de noviembre por unas 20 personas, quienes ingresaron con violencia sin que se presentara la policía; el 18 de noviembre participaron decenas de granaderos que llegaron alrededor de las seis de la mañana, refirieron vecinos.

Señalaron que el problema es fruto de un largo litigio, pues ese inmueble está intestado desde hace muchos años y había familias que tenían décadas de vivir allí, como es el caso de la señora Conchita Preciado, maestra de piano, de más de 80 años de edad, quien tras el desalojo tuvo que ser trasladada a un asilo debido a que quedó en desamparo.

Al mediodía del viernes, entre el alboroto y la confusión reinante todavía en esa calle, se presentaron varias personas, identificadas por los moradores como los promotores o beneficiarios de la compraventa y desalojo del predio, quienes platicando entre sí comentaban con optimismo las características de la ubicación y el uso de suelo del lugar, que es HC mixto, es decir, para vivienda y comercio.

Banco lo puso en remate

Al salir del edificio, uno de esos promotores, ataviado con traje gris y corbata blanca, comentó a este diario: Esto (el edificio) se compró por medio de un banco, que lo puso en remate. (El inmueble) ya no tiene valor histórico. El dueño original, que fue quien lo hipotecó, dejó a sus ocupantes en el desamparo.

¡Rateros!, gritaban las familias desalojadas a esos personajes, mientras un joven sentenciaba: El dinero mueve todo en los tribunales, y otro agregaba: Algo político debe haber dentro de esta acción.

Otros residentes comentaron que en el largo litigio que desembocó en el desalojo estuvieron involucrados nombres como el de una empresa denominada La Jordana SA, cuya razón social aparece en un recibo del predial del 21 de octubre de 2014 con domicilio en Revillagigedo 81, el cual fue mostrado por los vecinos; el Banco Internacional y, según los quejosos, también ha tenido injerencia la Asamblea de Barrios.