La empresa American Tower, que operaba la antena de comunicación instalada junto a la colonia Prados de la Montaña en Santa Fe, donde ocurrieron los derrumbes del talud la semana pasada, así como el propietario de la casa construida en ese punto, Carlos Rossete Herrejón, exhibieron a la delegación Cuajimalpa documentos presuntamen- te apócrifos, por lo que el órgano político-administrativo presentó denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

El titular de la demarcación, Miguel Ángel Salazar Martínez, informó que los documentos que presentaron los particulares no obran en los expedientes de la demarcación, donde solamente está la licencia que corresponde a la antena de Nextel expedida en 2000.

En el caso de American Tower, el funcionario refirió que la licencia exhibida no es un documento original, sino una copia que certificó un corredor del estado de México de la licencia que habría otorgado la demarcación, pero que, insistió, no aparece en sus archivos.

De acuerdo con el documento, que se presume apócrifo, dice que la antena es para S.O.S Internacional y existiría una sesión de derechos para American Tower.

De la casa construida por Rossete resaltó que presentó una licencia de construcción que tampoco obra en los antecedentes delegacionales. Podríamos presumir la existencia de documentos apócrifos.

La procuraduría capitalina informó que la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (Fedapur) se encargará de integrar la averiguación previa y las tres carpetas de investigación iniciadas a partir de las denuncias interpuestas por el Gobierno del Distrito Federal y dos particulares, por los deslaves.

La dependencia confirmó que el director jurídico de la delegación presentó una denuncia en la Coordinación Territorial Cuajimalpa Uno, por los delitos de falsificación de documentos y el uso indebido de los mismos, la cual fue enviada a la Fedapur.

Precisó que en la denuncia de uno de los particulares, Juan Rivero Legarreta, vecino del fraccionamiento Vistas del Campo –quien señaló que su departamento sufrió daños provocados por los deslaves–, así como las carpetas de investigación abiertas por la demanda del director general de servicios legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del gobierno capitalino, además de otra presentada por Carlos Rossete, propietario de la casa donde se colocaron ambas antenas de aproximadamente 18.5 toneladas de peso, seguirán el procedimiento en la citada fiscalía.

En cuanto a la demolición de la casa de Rossete, Salazar Martínez, informó que se coordinará con el gobierno de la ciudad para tomar las acciones conducentes una vez que venció ayer a las 11 horas el plazo que se le fijó al propietario para comenzar el derribo de la construcción.

En caso de no responder a dicha notificación la ley nos dice que si no lo hace el particular lo hace el gobierno y... después se le cobra a él, señaló.