Fallo favorable a apicultores vs soya
transgénica garantiza el derecho a la
consulta pero soslaya el tema ambiental

FOTO: Canal Judicial

Al igual que en el maíz transgénico, los esfuerzos sociales para frenar la tecnología de materiales genéticamente modificados en soya dieron frutos en la vía jurídica. El 4 de noviembre pasado los cinco magistrados de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) votaron de manera unánime y dejaron sin efecto el permiso otorgado por la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) para la siembra de soya transgénica patentada por Monsanto en territorios de varios municipios de Yucatán y Campeche.

Esta decisión del TSJ, que otorgó así el amparo y la protección de la justicia federal a los demandantes –comunidades mayas de los dos estados mencionados y que fue aplaudida y calificada de “histórica” por organizaciones ambientalistas y de campesinos–, se basó en el hecho de que “las autoridades responsables [la Sagarpa] violaron su derecho [de las comunidades] a ser consultadas […]”. El permiso de siembra que había para esos territorios quedará suspendido –“insubsistente”- “hasta en tanto la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) lleven a cabo la consulta”, según señaló el comunicado oficial de la SCJ.

El mismo documento reconvino al Ejecutivo Federal, pues señaló que los “procedimientos de consulta deben ser previos a la ejecución del acto, debiéndose ajustar a sus tradiciones, sus lenguas y cultura [de las comunidades indígenas], mediante datos objetivos que permitan tomar decisiones informadas y en un ambiente fuera de hostilidades, según lo establecido por los precedentes del Pleno de la Suprema Corte y en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo”.

Esta historia inició el 11 de junio de 2012, cuando la Sagarpa, con el aval de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), autorizó la siembra comercial de 253 mil hectáreas de soya transgénica de Monsanto en siete estados de la República: en la Península de Yucatán –Campeche, Quintana Roo y Yucatán-; en la Planicie Huasteca –en San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz- y en Chiapas, lugares donde se produce 40 por ciento de la miel de abeja de México.

Ante ello, comunidades de Campeche y Yucatán presentaron sendas demandas de amparo, y para junio de 2014, con fallos iniciados en marzo de ese año, ya todas habían ganado. En respuesta, la Sagarpa, el Ministerio Público Federal y Monsanto apelaron y entonces el caso fue atraído por la SCJ.

Jorge Fernández Mendiburu, abogado de apicultores mayas, precisó que la resolución de la Corte implicó siete amparos en revisión que presentaron Monsanto, la Sagarpa y el Ministerio Público Federal contra tres juicios de amparo que ya habían ganado los agricultores y comunidades indígenas. Y dijo también que la resolución “se aplica a ocho municipios del estado de Campeche, que son los municipios afectados por la siembra y prácticamente todo el estado de Yucatán”, esto es la consulta deberá realizarse en comunidades de esas dos entidades.

Un elemento destacable es que la SCJ se basó en argumentos relativos sólo al tema de la consulta pública. Pero soslayó el aspecto ambiental.

Uno de los sembradíos de soya transgénica ubicado al sur de Yucatán FOTO: Luis A. Boffil Gómez

Según declaraciones a medios hechas por el abogado Fernández, “básicamente, los juicios de amparo de 2014 habían resuelto dos temas fundamentales, uno que se había violado el derecho a la consulta libre, previa e informada […], y el segundo punto era que había una violación al principio precautorio, es decir que habían elementos para considerar que existían riesgos para el medio ambiente […]”.

El soslayo de lo ambiental ocurrió aun cuando una petición pública, impulsada por medio de Change.org y entregada a la Segunda Sala de la SCJ, destaca que la siembra de soya transgénica está acelerando la deforestación de la selva Hopelchén, una de las pocas que quedan en México.

Y a pesar de que amparos ganados por comunidades de Campeche en 2014, precisamente del municipio de Hopelchén, tuvieron como argumento fundamental el que las siembras de soya transgénica representan una violación a la autodeterminación de los pueblos, y también “un atropello al derecho a un medio ambiente sano, pues incurren en un uso excesivo de herbicidas y significativa deforestación”.

Además, ese amparo de 2014 fue concedido entre otras razones porque en su aval, la Semarnat, ignoró tres dictámenes vinculantes de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) e Instituto Nacional de Ecología (INE), que desaconsejaron la siembra de soya genéticamente modificada en sus regiones.

La petición pública hecha vía Change, org, que reunió 63 mil 600 firmas, fue iniciada por el apicultor Gustavo Huchin Cauich, maya del municipio de Hopelchén, quien considera allí que de prosperar la soya transgénica en su comunidad, “puede acabar con nuestro modo de vida y nuestro sustento”.

Sus razones son ecológicas, sociales, productivas y económicas: “La siembra de soya transgénica afecta la apicultura, una práctica histórica y tradicional del pueblo maya y viola el derecho a un medio ambiente sano, por el uso excesivo de plaguicidas y la deforestación que implica. Actualmente ya son miles de hectáreas de selva que han sido deforestadas para establecer este cultivo. Nuestra selva, que es la última del país”.

Dice: “La siembra de soya transgénica requiere del uso de un herbicida llamado glifosato, clasificado en 2015 como probablemente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud, además de ser dañino para las abejas y fuente de contaminación del subsuelo. En este año, hemos sido testigos de cómo los productores de soya, en su mayoría grandes agroempresarios ajenos a la región, han aumentado las fumigaciones de plaguicidas con avioneta, poniendo en gran riesgo la salud de la población y de las abejas, que son nuestra principal fuente de ingresos.”

Destaca que “La apicultura y la meliponicultura son actividades ancestrales y tradicionales del pueblo maya. En los tres estados que conforman la Península de Yucatán hay más de 15 mil familias mayas dedicadas a esta actividad. La apicultura se sustenta en la gran riqueza cultural y ambiental de la selva y las comunidades mayas, formado un círculo virtuoso que permite a la población obtener un ingreso económico importante, así como la conservación de la biodiversidad”.

En declaraciones a medios periodísticos, durante la presentación de la petición colectiva, Gustavo Huchin afirmó que la lucha legal para frenar la soya transgénica es “porque nadie nos consultó y vulneraron nuestros derechos como pueblo maya. Desde entonces hemos visto cómo se deforestan nuestros bosques, cómo están secando las aguadas y hemos vuelto a ver a los jaguares cerca de los pueblos porque están huyendo de la quema de los bosques para volverlos plantaciones […]”.

Por su lado, Angélica Ek Canché, otra de las demandantes mayas dijo: “¿Qué pensarían si en su patio trasero estuvieran fumigando con avionetas? En mi pueblo casi todos viven de la apicultura y ahora vemos cómo se están muriendo de pronto las abejas y el gobierno no hace nada. Hemos sido testigos del aumento de las plantaciones de soya transgénica de grandes empresarios agrícolas que no son de nuestra región. También vemos cada vez más seguido a los aviones sobre nuestras tierras tirando tóxicos que están poniendo en peligro nuestra salud y la de nuestras abejas. Nosotros hemos cuidado y protegido nuestros ejidos y recursos naturales. Me preocupa el patrimonio que vamos a dejar a nuestros nietos”.

Información oficial muestra que México es el tercer exportador de miel a nivel mundial (después de Argentina y China) y el sexto productor global. Cada año el país produce 57 mil toneladas de miel.

Casi la totalidad de la miel que produce la península de Yucatán -responsable de 40 por ciento de la producción nacional- se exporta a la Unión Europea. Uno de los temores que existen entre los apicultores es que la UE rechace su miel si encuentra que supera los límites aceptados de polen transgénico. La miel más preciada de Yucatán es la que proviene de la abeja melipona, que puede venderse hasta por diez veces el precio de la miel común.

En declaraciones periodísticas, el abogado Fernández destacó la ausencia del tema ambiental e la resolución de la Segunda Sala de la SCT: “Tenían que haberse tomado en consideración los dictámenes ambientales que había en el expediente y que no acataron las autoridades federales […] nosotros consideramos que es una violación trascendental que tenía que haber analizado la Corte, sobre todo porque sí lo vieron los jueces de distrito. Falta ver en engrose pero parece ser un tema al que no le entraron”.

Consideró que aun cuando la Corte ha tenido resoluciones favorables hacia las comunidades indígenas como la del caso Monsanto, sigue quedando como pendiente el tema del derecho ambiental en varios expedientes.

¿Cuál fue la reacción de Monsanto a esta decisión judicial? La empresa emitió un comunicado donde dice que “de acuerdo con el texto del comunicado de prensa de la SCJ, la resolución de la Segunda Sala requiere que las autoridades mexicanas lleven a cabo consultas indígenas sólo en ciertos territorios dentro de aquellos municipios donde residen las comunidades indígenas que actuaron como quejosas en los Juicios de Amparo.

“Los alcances de esta resolución y los efectos que tendrá sobre el permiso de Monsanto, sólo se conocerán una vez que se publique el texto de la misma. En tanto revisamos la totalidad de los efectos de esta resolución, continuamos profundamente comprometidos en asegurar que nuestros agricultores y clientes tengan acceso a productos seguros y sustentables. Ratificamos nuestro compromiso de trabajar con todos los pueblos y comunidades para atender sus dudas y preocupaciones, y de cooperar con ellos de forma incluyente dentro del marco legal. Monsanto respeta la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y continuaremos operando adhiriéndonos de forma estricta al marco jurídico mexicano”, señaló la trasnacional (LR).

Reflexiones de Jorge Fernández Mendiburu, integrante del equipo jurídico de las comunidades demandantes de Yucatán y Campeche* FOTO: D. Alexander Carrillo Martínez La sentencia, dado el contexto en el que se encuentra este país, es sin duda alguna un logro muy importante de las comunidades y asociaciones de apicultor@s mayas peninsulares. Litigar contra la empresa de biotecnología más grande y poderosa del mundo, que por si fuera poco cuenta con el respaldo absoluto del Ejecutivo Federal, y haber empujado a la Sala más conservadora de la Corte a fallar a su favor es algo que motiva y genera esperanza. La sentencia es mérito principal y fundamentalmente de las comunidades y organizaciones mayas, sobre todo las cheneras, quienes, desde hace muchos años, han llevado todo un proceso de reflexión, organización, capacitación y resistencia. Junto con ellos ha habido un gran número de organizaciones, colectivos y personas que no siempre están visibles, pero que han hecho un trabajo fundamental en el fortalecimiento del proceso legal, de comunicación y comunitario. Lo anterior sólo nos recuerda que la defensa de los derechos humanos tiene muchos ejes, que el legal es sólo uno de ellos, y que éste tiene sentido si se construye con y a partir de las necesidades del grupo social afectado […] Sin embargo, la resolución desde mi perspectiva y sin conocer el engrose de la sentencia, no tiene los alcances protectores esperados. Si bien ampara a las comunidades y obliga a realizar una consulta libre, previa e informada, la Segunda Sala rehúye la discusión sobre un tema central: el derecho a un medio ambiente sano y el principio precautorio. Con lo anterior, se pierde una oportunidad valiosa para empezar a generar criterios de avanzada que establezcan verdaderos estándares de protección en la materia, tan necesarios en un contexto como el mexicano, en donde el Ejecutivo Federal impone megaproyectos de distinta naturaleza que afectan el patrimonio biocultural de muchos pueblos. Lo anterior me lleva a sostener, no sólo por este caso, sino en general por la labor de la Corte, que estamos a años luz de contar con un verdadero Tribunal Constitucional que sea un real contrapeso de los otro Poderes. A la Corte no hay que alagarla, hay que exigirle que cumpla con su obligación de proteger los derechos humanos, ara eso está, por eso los ministros ministras ganan más que cualquier funcionario en este país. De ahí también la trascendencia de los próximos nombramientos. Este proceso, lejos de terminar, apenas empieza, Viene la implementación de la consulta y con ello todos los riesgos de manipulación que hemos visto en los procesos de Juchitán, Oaxaca, o con los yaquis en Sonora. Así que ahora, más que nunca, se requiere la organización y la solidaridad de todas aquellas personas interesadas en el tema. *Estas reflexiones son parte de un artículo de la Alianza por la Salud Alimentaria publicado en El Universal el 10 de noviembre de 2015.

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