La batalla por la vida
en la Sierra Norte de Puebla

María Alejandra Elizabeth Olvera Carbajal y Milton Gabriel Hernández García

FOTO: La Jornada de Oriente

A partir de los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón, el número de concesiones otorgadas a empresas extractivistas nacionales y extranjeras creció de forma exponencial. En el caso de la minería, el total de hectáreas concesionadas fue de nueve millones 615 mil 435.36. En el actual gobierno, este proceso ha continuado y se estima que al menos 32 por ciento del territorio nacional se ha concesionado a alguna empresa que busca ampliar sus ganancias apropiándose de los bienes comunes naturales de comunidades indígenas y campesinas, principalmente. La situación para estas comunidades se recrudece debido a la llegada del narco, que muchas veces se encuentra relacionado con el despojo de tierras. Por otro lado, las condiciones económicas del campo, en severa crisis desde hace años, favorecen tal despojo.

Para Puebla, y principalmente para la Sierra Norte, la situación no es tan diferente a la que se vive en otros estados. Desde hace algunos años se han intensificado un conjunto de acciones que buscan apuntalar la construcción de hidroeléctricas; el extractivismo minero, y el uso del fracking, que se expande silenciosamente por la región. El despojo de las tierras está asociado al engaño que realizan las empresas extractivistas con un discurso que promete llevar fuentes de empleo a los pobladores, y la realización de las obras sociales que se requieran en las comunidades, mismas que deberían ser garantizadas por el Estado. En tal discurso no sólo hay promesas que no se cumplen; se sabe que estas empresas actúan de forma ilegal, sin respetar los protocolos establecidos en la legislación, referentes a los derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos, como el derecho a la consulta previa, libre e informada. Utilizan estrategias para cooptar a los representantes comunitarios; les ofrecen un sueldo mensual a cambio de que se dediquen a convencer a los otros miembros de la comunidad para que vendan sus predios, lo que provoca la ruptura del tejido social comunitario al configurarse una oposición entre quienes están a favor y quienes están en contra de estos “proyectos de desarrollo”. Cuando los integrantes de una comunidad deciden organizarse para defender su territorio, estas empresas desarrollan actos de franco hostigamiento, amenazas y fabricación de delitos.

El pasado 25 de octubre, en el poblado de Cuatepalcata, la empresa Deselec-Comexhidro y las autoridades de la comunidad convocaron a una reunión con los pobladores, para aclarar las dudas que se habían generado en torno a la construcción de una hidroeléctrica sobre el cauce del río Ajajalpan. A partir de un volante bastante informal en el que no se precisaba la institución convocante, se pedía a toda la población mayor de 18 años que se presentara a una asamblea pública en la que, según los Mecanismos de Toma de Decisiones y de Transparencia de los Recursos, se elegiría democrática y participativamente el proyecto u obra social en el que se invertirá el dinero convenido con la empresa Deselec-Comexhidro. Además, se elegiría a los miembros del comité que administraría los recursos y se elegiría la figura jurídica con la que la comunidad se vincularía para “bajar los recursos”.

En el sitio en que se convocó la asamblea, se dio cita la mayor parte de esta pequeña comunidad de no más de 150 habitantes con la intención de manifestar su rechazo a la hidroeléctrica. Al percatarse de ello, los representantes de la empresa decidieron cancelar la asamblea sin ofrecer mayor explicación, lo que intensificó el sentimiento de desconfianza y coraje por parte de la población. En consecuencia, de manera espontánea los pobladores organizaron una marcha en que participaron jóvenes, mujeres, adultos mayores y hasta niños y niñas que se pronunciaron enfáticamente en contra del proyecto. Pudimos recoger testimonios que señalaron que “ingenieros se han encargado de comprar a ciertos miembros de la comunidad, dándoles entre 10 y 15 mil pesos mensuales y ofreciendo también dádivas personalizadas, además de haber comprado al presidente municipal”.

A pesar de las concesiones, la organización dentro de las comunidades ha hecho frente a estas empresas extractivistas, frenando así su paso voraz que los despoja, contamina el territorio y destruye el tejido social. El reto que tienen los habitantes de estos sitios es grande, ya que las autoridades municipales y estatales se encuentran de lado de las empresas, sin embargo, en la lucha, la población ha generado procesos que refuerzan la autodeterminación y la comunalidad, utilizando estas mismas herramientas que han sido suyas desde siempre en contra del capital.

Estas luchas ya no se gestan aisladas. La lucha que dan indígenas y campesinos no es únicamente por la defensa de su territorio; también es por la vida, que nos incluye a todos. En días pasados ha surgido la Organización Tutunakú-Nahua en Defensa del Territorio de los Pueblos, integrada por municipios y comunidades de Ahuacatlán, Bienvenido H. Galeana, Jopala, Tepatlán, Tlapacoya, Tepango, Olintla, Amixtlan, Huehuetla, Zoquiapa, Cuatepalcatla, Guadalupana, San Mateo Tlacotepec, Francisco Osorno, La Pila, Pachoc, San Miguel Jojupango, Rancho Nuevo, Zongozotla, Xochicugtla, Xochimilco, San Martín del Progreso, Altica, Africa y Xochicuautla. Esta organización ha denunciado la criminalización de la lucha en defensa de la vida frente a los proyectos de muerte, así como las consultas simuladas que están organizando la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua, que desgraciadamente se han puesto al servicio de los intereses empresariales y no de los pueblos indígenas de la región. Al alzar la voz contra los proyectos de muerte, señala la organización: “Llamamos a la solidaridad del pueblo mexicano a estar atentos con los acontecimientos de nuestro movimiento. Reafirmamos nuestra convicción de luchar en defensa de nuestros derechos constitucionales y en defensa del territorio”.

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