Aliados Ejecutivo y Monsanto, se topan con
decisiones judiciales y persiste suspensión
para siembras de maíz modificado

Activista contra maíz transgénico se cuelga en salón de plenos del Senado; descendió a rapel desde una altura de diez metros lo cual causó sorpresa de los senadores. FOTO: Especial

No cabe duda que el Ejecutivo Federal y las empresas desarrolladoras de semillas transgénicas, en particular Monsanto están aliadas estrechamente buscando imponer esta tecnología en el campo contra viento y marea.

De acuerdo con datos de la Alianza por la Salud Alimentaria, la resolución judicial anunciada el 3 de noviembre pasado, de confirmar la suspensión provisional que impide tramitar y otorgar permisos de siembra o liberación al ambiente de maíz transgénico en todo el país –la cual ha estado vigente desde septiembre de 2013- fue precedida de alrededor de ¡cien! impugnaciones interpuestas por el gobierno federal y por las trasnacionales de organismos modificados genéticamente.

La suspensión temporal que frena el maíz transgénico, como se sabe, fue resultado exitoso del proceso judicial de una demanda colectiva interpuesta en julio de 2013 –suscrita por un conjunto de 53 personas: representantes de organizaciones de productores agrícolas y apícolas, científicos, investigadores, académicos, artistas, defensores de derechos humanos y más.

Y la respuesta gubernamental aliada con las trasnacionales ha implicado múltiples juicios de amparo, incluyendo uno que ganaron por un lapso de apenas unos días, otorgado el 19 de agosto de 2015, el cual se vio revertido gracias a una impugnación ciudadana, y al parecer también gracias a expresiones públicas de opiniones con peso moral importante, por ejemplo de chefs defendiendo las razas nativas del maíz.

La demanda colectiva presentada en julio de 2013 fue hecha en contra de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como en contra de los solicitantes de permisos de liberación o siembra de maíces transgénicos, esto es, Semillas y Agroproductos Monsanto, Monsanto Comercial, Dow Agrosciences de México, PHI México (Pioner-Dupont) y Syngenta Agro. Esta demanda fue acompañada de la petición de una medida precautoria (la suspensión provisional de permisos a las trasnacionales, mientras se desarrolla el juicio), misma que fue concedida.

Las intenciones de la demanda colectiva son que los tribunales federales declaren: “uno, que se han liberado al ambiente de forma voluntaria o involuntaria organismos genéticamente modificados (OGM) de maíz en lugares no permitidos y en actividades no autorizadas; dos, que la existencia de estos OGM afecta el derecho humano de conservación, utilización sostenible y participación justa y equitativa de la diversidad biológica de los maíces nativos, ya que sobrepasa los límites permitidos por la Ley de Bioseguridad de OGM (LBOGM), y tres que con mayor razón se afectará la agro biodiversidad si se liberan de manera a gran escala maíces transgénicos”.

Y el objetivo final de la demanda colectiva es que “con base en las propias leyes se nieguen los permisos de liberación o siembra de maíz transgénico en todo el país”, establece la página web.

La propia página señala que dos tribunales federales, el Quinto Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Unitario en materia Civil y Administrativa del Primer Circuito, han resuelto que la posibilidad de violentar el derecho humano a la diversidad biológica de los maíces nativos, también llamados criollos, es razón legal suficiente para mantener detenida la siembra de transgénicos durante los trámites de juicio colectivo.

Monsanto impugnó al magistrado del Segundo Tribunal Unitario por haber emitido tal criterio. Pero “hasta ahora este cuestionamiento ha fracasado en dos tribunales”.

La información mostrada en la página señala que otros criterios importantes emitidos por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito consisten en “definir que el derecho humano al medio ambiente es el derecho presente de las generaciones futuras, y que frente al interés particular debe tenerse en cuenta el interés de la sociedad”.

También destaca que la demanda colectiva fue presentada ante el Tribunal permanente de los Pueblos-Capítulo México, que es un importante tribunal ético.

La respuesta de las empresas desarrolladoras de transgénicos a la demanda colectiva ha sido no sólo vía mecanismos jurídicos, sino que ha promovido también un conglomerado de supuestos promotores de los OGM.

Integrantes de la Red en Defensa del Maíz durante una protesta, en marzo de 2013, frente a las oficinas del Alto Comisionado de la ONU en México para manifestarse contra los permisos a Monsanto para sembrar, distribuir y comercializar maíz transgénico. FOTO: José Carlos González

El 28 de septiembre de 2015 se hizo pública la existencia de la “Alianza pro transgénicos”, integrada por 45 agrupaciones e individuos, entre ellos el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), la Asociación de Agricultores de la Región Lagunera del Estado de Durango, AgroBio México y la Federación Mexicana de Lechería.

La conferencia de prensa donde se presentó esta Alianza fue convocada por una agencia de relaciones públicas, Llorente y Cuenca, y ocurrió en el Hotel Hyatt, en Polanco. Allí el presidente de la Alianza, el agricultor chihuahuense Rubén Chávez Villagrán, y el vicepresidente, Mario Valdés Berlanga, lamentaron que la investigación y el desarrollo de semillas genéticamente modificadas se han convertido en un “delito”, y dijeron que la Alianza está dispuesta a romper con esa situación. Afirmaron que existen 40 solicitudes ante la Sagarpa y Semarnat para realizar siembras con semillas modificadas, que, según ellos “podrían dar al país un crecimiento de dos dígitos en la producción de alimentos”. Ya antes, a mediados de la década de 2000 también, vía el CNA, hubo un intento expuesto en voz de productores de Chihuahua por expresar el interés de productores del norte de la República para que se autorice la siembra comercial de maíz transgénico.

En el otro lado de la moneda, la demanda colectiva para frenar al maíz transgénico ha sido respaldada por diversos sectores de la sociedad, como es el caso de un centenar de chefs mexicanos -entre ellos Enrique Olvera y Alex Ruiz, con alta reputación en el mundo de la gastronomía- que en agosto de este año hicieron pública una petición al presidente Enrique Peña Nieto.

El llamado Colectivo Mexicano de Cocina, que agrupa a los chefs, expresó entonces su apoyo a la demanda colectiva. Dijo “El cultivo de estos productos (maíces transgénicos) atenta contra la diversidad de nuestros maíces nativos y pone en peligro su existencia. Además, “sus agroquímicos pueden representar un peligro para la salud”.

El actual secretario de Agricultura, José Calzada Rovirosa, que tomó el relevo de Enrique Martínez y Martínez el pasado 27 de agosto, ha mostrado una posición ambigua respecto de los transgénicos, pero en su primer acto público, en un foro conmemorativo del aniversario 20 de la ANEC, el director ejecutivo de esta organización, Víctor Suárez Carrera, le demandó: “usted tiene la responsabilidad histórica de no ceder a los chantajes de Monsanto y de los monopolios. Confiamos que no se dejará presionar”.

Con base en el interés del foro (de dialogar sobre el potencial de la agricultura de pequeña y mediana escala y de la agroecología), Suárez le dijo a Calzada Rovirosa que “urge asumir un nuevo modelo productivo de conocimientos integrados campesinos-científicos y ya no seguir más el modelo de la revolución verde, que ha sido contraproducente, social, ambiental, económica y culturalmente. Necesitamos un nuevo modelo sin transgénicos, sustentable y respetuoso de los recursos y la biodiversidad”. Suárez Carrera es uno de los más entusiastas impulsores y signantes de la demanda colectiva.

La lucha de intereses con el maíz transgénico en el centro es añeja. En 1998 el gobierno mexicano estableció una moratoria o prohibición de facto a este grano en todo tipo de siembras, pero en noviembre de 2003 esta medida fue levantada, también de facto, por parte de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados. Ya en ese entonces se tenía documentada la presencia de maíz transgénico en campos de Oaxaca (luego se supo de territorios en otros estados) que aparentemente llegó allí de forma accidental. Posteriormente la Cibiogem otorgó permisos de siembra experimental y piloto para maíces transgénicos de las trasnacionales (LR).

Urge un observatorio científico-social del maíz nativo Ivonne Vizcarra Bordi Investigadora del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la Universidad Autónoma del Estado de México [email protected] FOTO: Ecotlán Los territorios indígenas y campesinos donde se producen y conservan la mayoría de las razas y variedades nativas de maíz enfrentan serias dificultades para subsistir con sus propias formas organizativas de convivencia social y ecológica. Aunque estas dificultades son de diversa índole, todas provienen de esquemas de exclusión e inseguridad social emanados del modelo de desarrollo económico neoliberal. En una palabra se puede traducir el efecto más directo de estos esquemas: despojo. Despojo poblacional; de la cultura y de la identidad, de los recursos naturales, fitogenéticos y productivos, y de la dignidad humana. De esta manera, los escenarios actuales de los territorios indígenas y del campo mexicano en general se están redefiniendo constantemente por: emigración rural; falta de empleos y salarios justos; degradación de suelos agrícolas por el abuso de agroquímicos; nula inversión pública para promover desarrollo endógeno; avance de la violencia desatada por grupos delictivos y por el control de territorios en conflicto; militarización; fenómenos de urbanización y cambio de uso de suelo; ampliación de vías de comunicación privadas e infraestructura hídrica y energética; expansión de actividades extractivistas de trasnacionales y multinacionales a lo largo y ancho del país, con sus respectivas consecuencias socio-ambientales; subordinación de la ciudadanía cuando se le define como población vulnerable o beneficiaria de programas asistencialistas, entre otros. Ante estos escenarios y pese a que los afectados deben tener puestos los cinco sentidos para confrontar los problemas que atentan contra la existencia de pueblos indígenas y sociedades campesinas, se sabe que la siembra de maíces nativos forma parte de un complejo sistema de pertenencia biocultural. Hoy más que nunca, los mecanismos de poder difundidos en nombre de la prosperidad y modernidad para superar la vulnerabilidad están instituyendo nuevos atentados a la justicia social y con ello a la soberanía alimentaria, dando manga ancha a la actuación de las trasnacionales, para presionar a favor del cultivo comercial de los maíces transgénicos en territorio nacional. Para defender a los maíces nativos de la invasión transgénica debemos ser conscientes de que, además de los escenarios antes descritos, existe una vieja práctica de desigualdad social que se ve reforzada por el paradigma hegemónico patriarcal, y que ha generado un fenómeno social más o menos extendido: la feminización del campo mexicano. Quienes se quedan a custodiar los bienes de los hombres migrantes son las madres, esposas e hijas. Ahora no sólo seleccionan semillas, también siembran, deshierban, cosechan, intercambian semillas y transforman los granos en comida. Asumen roles que antes eran ejercidos por los hombres en la comunidad, se responsabilizan cada vez más en puestos cívico-religiosos en nombre y ausencia de ellos, y se quedan en las comunidades con peores condiciones sociales que las que movieron a los varones a salir para ganarse la vida y mantener sus hogares. Hasta hoy, ninguna reforma agraria ni programa social con “perspectiva de género” ha podido modificar las relaciones de poder que dominan los derechos agrarios, la propiedad de la tierra y el manejo y control de los recursos. No obstante, las experiencias femeninas van acumulando insumos positivos para impulsar procesos de empoderamiento, que en un momento deseado de revaloración social, se convertirán en ejes propulsores en defensa de los maíces nativos para las futuras generaciones. El relevo generacional para producir, conservar y custodiar los maíces en un futuro, también dependerá de ejes propulsores de igualdad y libertad. Deben ser actividades atrayentes para los y las jóvenes que aspiran a una vida con mejor calidad que la de sus antecesores. Para que ello ocurra, requeriremos incentivos económicos y profundas transformaciones sociales del campo mexicano, pero tememos que sean los actores que estimulan el despojo los que otorguen los incentivos. De aquí que urge la construcción de un “observatorio científico-social del maíz” que desmenuce el paradigma hegemónico que promueven el Estado y las corporaciones dueñas de la ingeniería biotecnológica que patenta los maíces transgénicos (seguridad alimentaria versus productividad-competitividad, respuesta al cambio climático, sin riesgos a la salud ni a la pérdida de la biodiversidad). El observatorio deberá registrar datos continuamente por medio de estudios empíricos, cuyos contenidos ontológicos revelen realidades que la sociedad en su conjunto requiere conocer para formar la masa crítica necesaria de defensa del maíz nativo.

opiniones, comentarios y dudas a [email protected]

jornadadelcampo     La Jornada del Campo     la_jornada_del_campo