Ante el retraso del Congreso en el cumplimiento de los plazos que ese órgano se fijó para aprobar la Ley General de Archivos y la ley General de Protección de Datos Personales, el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai), Francisco Javier Acuña apremió a que los legisladores aprueben dichas disposiciones que apuntalarán la transparencia y acceso a la información.

En el contexto del Seminario Internacional Gestión Documental y Transparencia, Acuña señaló que esperan que pronto se cumpla esta asignatura pendiente. Hay un ligero retraso en la exigencia del Constituyente revisor para que se tuviesen esas leyes a la brevedad de un año, lo que ya no pudo ocurrir, pues se fijó desde 2014.

Durante el seminario, Max Kaiser, especialista del Instituto Tecnológico Autónomo de México, destacó que la corrupción es una de las principales causas de frustración social porque los ciudadanos no pueden ser ajenos a los escándalos que involucran a funcionarios; sin embargo, asumen que habrá más impunidad.

A diferencia de otros países, dijo, en México se carece de una estructura eficaz para contener la corrupción y principalmente para sancionarla. Un acto de corrupción genera impunidad. La impunidad genera frustración, la frustración genera un menoscabo de la legitimidad del sistema democrático. Se hace un ciclo desagradable.

A su vez, durante el seminario sobre Archivos y Gestión Documental, la presidenta del Inai, Ximena Puente, subrayó la importancia que tiene para la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción contar con una correcta gestión documental y manejo de archivos. La única manera de asegurar el establecimiento de una cultura de la transparencia que se proyecte hacia el futuro es sobre la base de una gestión documental sólida.

En su análisis sobre las transformaciones que implicará el Sistema Nacional Anticorrupción, Kaiser señaló que éste es un fenómeno expansivo y corrosivo, que daña las instituciones democráticas y se ha convertido en tema de moda y, como tal, en objeto de muchas ocurrencias para confrontarlo.

Señaló que la diferencia entre algunos países nórdicos y México es que ellos cuentan con sistemas eficaces para identificar la corrupción y sancionarla. En el país, dijo, tenemos 99 autoridades con agendas particulares descoordinadas y cada una hace lo que quiere; 32 legislaciones diferentes, 32 sistemas de justicia administrativa diferentes en donde hay 32 entidades estatales de fiscalización.

El especialista subrayó la importancia de que la construcción del SNA propicie una mayor interacción y vinculación del conjunto de instituciones dedicadas al combate a la corrupción que permita ser mayor eficaz en su combate, eliminando la dispersión actual, que no ha producido resultados.