Las candidaturas de la magistrada Verónica Judith Sánchez Valle y del procurador del estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, ‘‘son impresentables’’ para alguien que aspire a integrar el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), consideró el constitucionalista Elisur Arteaga.

Por su parte Clemente Valdés, también especialista en derecho constitucional, agregó que sería ‘‘terrible’’ que alguien como Gómez Sánchez llegara a la Corte. ‘‘Sólo con el lamentable papel que jugó para cubrir las irregularidades en la investigación del caso Tlatlaya –donde se cuestionó la actitud de la procuraduría mexiquense en la investigación de los hechos en que 22 civiles murieron a manos de soldados en ese municipio mexiquense– es suficiente para impedir que sea ministro’’, dijo en entrevista por separado.

En el caso de la magistrada Sánchez Valle, su actuación como juez de distrito en mayo de 2011 fue motivo de queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y la Procuraduría General de la República (PGR) le abrió un proceso por su presunta responsabilidad en delitos contra la administración de justicia, debido a que en 2009 se negó a recibir la puesta a disposición de Osvaldo Sauceda, quien había sido detenido con fines de extradición a Estados Unidos y fue liberado por la juzgadora con el argumento de que la petición tenía los apellidos invertidos.

Agregó que las otras integrantes de la terna, la magistrada federal Norma Lucía Piña Hernández y su homóloga en el Supremo Tribunal de Justicia del Distrito Federal Sara Patricia Orea Ochoa, son reconocidas en el ámbito jurídico por sus conocimientos y experiencia. La primera en el campo administrativo y la segunda en el ámbito penal, dijo, tras señalar que cualquiera de las dos cumple con los requisitos para el cargo.

Mientras que de la otra terna, Arteaga señaló que Javier Laynez Potisek, actual magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ‘‘sería el segundo hombre del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en la Corte’’. El otro sería el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ex director del Servicio de Administración Tributaria.

Finalmente, al referirse a Álvaro Castro Estrada consideró que reúne las condiciones para ser ministro, pese a que su carrera ha sido impulsada por el Partido Acción Nacional. En el gobierno de Felipe Calderón laboró en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y después fue designado magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con el apoyo de la bancada blanquiazul en el Senado.