l tomar posesión del cargo, Enrique Graue Wiechers, nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se comprometió a preservar a la máxima casa de estudios como un espacio abierto, a defender su condición orgullosamente pública, laica, plural e indeclinablemente autónoma y a encabezar dentro de la institución una revolución en el empleo de las tecnologías de la información.

El rector Graue señaló que la UNAM no puede confiar en su tradición y sus inercias para responder a una sociedad que se reconfigura constantemente y demanda una universidad conectada con el mundo exterior.

Por otra parte, mencionó las acechanzas de la inseguridad que en sus diferentes manifestaciones campea en el país y señaló que la autonomía no significa impunidad. Al mirar hacia afuera de la universidad, el funcionario dijo que una nación con insuficiente educación tiene ante sí un triste porvenir.

Lo dicho por Graue debe ser visto en un contexto nacional caracterizado, entre otras cosas, por serias y graves amenazas a la enseñanza pública y, en particular, a la máxima casa de estudios. La principal es sin duda la tendencia privatizadora que ha sido denominador común de todos los gobiernos nacionales de 1988 a la fecha y que en las administraciones panistas (de Vicente Fox y de Felipe Calderón) llegó a un grado de expresa hostilidad y calumnia contra la UNAM. Con un discurso distinto, esa tendencia se mantiene en el gobierno actual, por más que en éste la ofensiva contra la educación pública se haya centrado, hasta ahora, en los ciclos básico y medio.

En este contexto la mayor dificultad para los establecimientos de educación superior de carácter público es la incapacidad del Ejecutivo y del Legislativo federales de comprender la importancia estratégica que tienen para el desarrollo del país los centros de formación de profesionales y de investigación –de los que la UNAM es el principal exponente– y de darles, en consecuencia, prioridad a la hora de elaborar los presupuestos de egresos.

Tanto para consolidar su condición de institución de excelencia como para incrementar su cobertura y ampliar y diversificar su oferta educativa ante una sociedad que se reconfigura constantemente, la máxima casa de estudios y el conjunto de las universidades públicas requieren recursos mucho mayores que los que reciben a la fecha. De otro modo se enfrenta el riesgo del estancamiento académico y, más grave aún en términos sociales, de devenir establecimientos de élite, dada su incapacidad para recibir a un mayor número de aspirantes.

La concreción de semejante perspectiva plantearía una contradicción trágica para la universidad nacional, la cual ha ido perdiendo en décadas recientes una de sus características fundamentales e irrenunciables: la de ser un mecanismo de movilidad social y de superación personal para millones de mexicanos. Sin esa condición, los vínculos entre universidad y sociedad quedarían profundamente desvirtuados.

Por el bien del país y del alma máter, cabe esperar que su nueva rectoría sea capaz de sortear las dificultades que enfrenta la institución –tanto los internas como las externas–, consolidar el nivel de excelencia de la institución y ofrecerla como perspectiva de vida a incontables jóvenes que hoy se encuentran marginados de la educación superior.