hile, uno de los grandes laboratorios neoliberales en América Latina –con el genocida Pinochet a la cabeza–, fue el primer país en privatizar el sistema de pensiones y en presumir el innovador esquema como la gran solución social, para después exportar el modelo (con el indeleble señor del FMI y el Banco Mundial) a otras naciones de la región, entre ellas México, otro de los grandes centros experimentales –con su población como conejillos de Indias– de la nueva realidad socioeconómica mundial.

A finales de 1980 el régimen dictatorial chileno prometió el oro y el moro con la privatización del sistema pensionario de aquel país (que no afectó a los integrantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros), y éste siempre se pone como ejemplo del exitoso modelo neoliberal, pero a estas alturas, y tras dos revisiones, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet muestra signos de revertir paulatinamente el esquema innovador, pues la población en edad pensionaria apenas obtiene una tasa promedio de reemplazo (porcentaje de su último sueldo o del promedio del mismo durante determinado número de años) cercana a 45 por ciento (el doble del obtenido por un pensionado mexicano, que es de 22 por ciento en el mejor de los casos).

Allá se denominan Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), aquí Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), pero en esencia son exactamente iguales. La diferencia es que Chile el grueso de la población está en contra del innovador esquema pensionario, y el gobierno cuando menos toma nota de la queja e intenta actuar en consecuencia. Por el contrario, el gobierno mexicano es sordo ante el reclamo ciudadano y se limita a parchar la reforma, pero sólo para reducir aún más la posibilidad de obtener una pensión medianamente digna, es decir, la que desde 1997 se viene prometiendo.

De acuerdo con los más recientes sondeos, 79 por ciento de los chilenos está de acuerdo en crear una AFP estatal y 69 por ciento trasladaría a ella su ahorro en caso de que existiera, y es de suponer que el gobierno de aquel país trabaja en ese sentido. Aquí el rechazo popular es prácticamente absoluto, y como respuesta el gobierno da más facilidades a los empresarios del sector, quienes aseguran que llegó el momento para más reformas.

En fin, por cortesía de la Cámara de Diputados (Aspectos relevantes del informe final de la Comisión Asesora para el Sistema de Pensiones en Chile) se conoce cuál es el panorama pensionario en la nación sudamericana, del que destaca lo siguiente (cualquier similitud con el caso mexicano no es coincidencia):

Los activos del sistema han estado concentrados en un pequeño número de Administradoras de Fondos de Pensiones. La comisión que cobran las AFP por la administración de los recursos es un porcentaje del salario cotizable, actualmente la comisión promedio es de 1.14 por ciento y sólo se cobra cuando se cotiza. Al ser el salario la base de cálculo para el cobro de comisiones, el trabajador es quien absorbe los riesgos financieros, pues las minusvalías no tienen ningún impacto para las Administradoras en términos de sus ingresos por comisiones, y tampoco tienen incentivos para generar mayores rendimientos puesto que sus ingresos por comisiones son fijos.

Se encontraron evidencias de una baja competencia entre las AFP. El 80 por ciento de los afiliados sigue en Administradoras cuya comisión es superior al promedio; la comisión presidencial que revisó de manera reciente el sistema lo adjudica a que los ahorradores tienen mayor confianza en las Administradoras más grandes, pues tienen, entre otros aspectos, mejor imagen, hacen más publicidad, tienen mayor número de sucursales y canales de atención.

No hay restricción para que los recursos de los trabajadores cercanos al retiro no puedan invertirse en los fondos más riesgosos. El sistema chileno está compuesto por cinco multifondos, cuya distinción es el riesgo; los trabajadores pueden elegir en qué fondo invertir; en caso de no hacerlo, los recursos son invertidos siguiendo una lógica de ciclo de vida.

La comisión de expertos afirma que es cuestionable que dejen a los trabajadores la responsabilidad de decidir en qué multifondo invertir sus ahorros previsionales, en tanto que no cuentan con los niveles mínimos de educación previsional o financiera. Hay un importante desconocimiento de los trabajadores. De acuerdo con la encuesta de opinión encargada por la comisión, sólo 19 por ciento de los hombres y 12 por ciento de las mujeres conocen lo que se le descuenta para el sistema de pensiones.

El 72 por ciento de las personas consideró que sólo un cambio total al sistema de AFP ayudaría a mejorar las pensiones. El 66 por ciento que las bajas pensiones son responsabilidad de las AFP. Las AFP son la cuarta institución en que menos confían los chilenos. El 79 por ciento de las personas está de acuerdo con crear una AFP estatal y 69 por ciento se cambiaría a ella, si existiera. El sistema pensionario no se adhiere a los principios de solidaridad, suficiencia y universalidad considerados por la OIT.

El promedio de las pensiones autofinanciadas que se han otorgado en Chile durante el periodo 2007-2014 es equivalente a 34 por ciento del salario promedio que las personas tuvieron en los últimos 10 años antes de jubilarse. Al sumar el Aporte Previsional Solidario, la media de la tasa de reemplazo llega a 45 por ciento. La tasa de reemplazo para las próximas generaciones puede ser significativamente menor, pues los retirados pertenecen a la generación que ya cotizaba antes de la reforma y optaron por el bono de reconocimiento de antigüedad.

Los primeros pensionados puros bajo el esquema de cuentas individuales comenzarán a retirarse a partir de 2025. Entre ese año y 2035, el 50 por ciento de los pensionados obtendrán una tasa de remplazo menor o igual a 15 por ciento del ingreso promedio de los últimos diez años. Los cálculos fueron realizados considerando el comportamiento del sistema de cuentas individuales.

El 79 por ciento de las pensiones pagadas por el sistema entre 2007 y 2014, considerando el monto del Aporte Previsional Solidario (aportación complementaria a cargo del Estado), son inferiores al salario mínimo, y 44 por ciento menores a la línea de la pobreza.

Las rebanadas del pastel

Mientras el ambiente social se enrarece, al inquilino de Los Pinos lo único que se le ocurre es presumir que su gobierno trabaja para generar confianza y certidumbre para los inversionistas. Los demás, que se jodan.

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