Ciudad Juárez, Chih.

Usted quería ver preso a este hombre: pues ya está sentenciado a 697 años. ¡Ya deje todo así, por su salud!, le dijo la funcionaria a Irma Pérez Franco, madre de Olga Alicia Carrillo, desaparecida en esta ciudad hace 20 años. Pero ella no se conforma: ¿Dónde están los meros meros? Faltan los policías, funcionarios y políticos que son parte de esta red de trata y feminicidio.

Doña Irma considera un fraude el llamado juicio histórico que condenó a cinco hombres por secuestrar, explotar sexualmente y asesinar a 11 jóvenes en Ciudad Juárez: ¿Dónde están los que faltan? El gobierno de César Duarte sabe bien lo que está pasando, por eso no quieren seguir investigando. Con 10 años que le dieran a cada cabrón que se hizo pendejo en la investigación, con eso me conformo, aunque no me puedo conformar porque esto apenas empieza.

Mañana se cumplen seis años de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) que sancionó al Estado mexicano por acciones y omisiones en la desaparición, maltrato y muerte de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, y que el gobierno de César Duarte no ha cumplido en su totalidad.

“Nosotras proporcionamos mucha información y se giraron órdenes de aprehensión contra estas personas de Los Aztecas del grupo de La Línea, que fueron enjuiciados por trata y feminicidio, pero falta investigar el delito de encubrimiento por la propia policía, la complicidad y corrupción de los funcionarios”, dice en entrevista con La Jornada Imelda Marrufo Nava, coordinadora de la Red Mesa de Mujeres, organización de apoyo a víctimas de violencia.

La sentencia sobre el Campo Algodonero, que ha marcado jurisprudencia en América Latina, exige al Estado mexicano investigar a los funcionarios acusados de irregularidades y luego de un debido proceso, aplicar las sanciones administrativas, disciplinarias o penales a quienes fueron encontrados responsables y sancionar a los autores del hostigamiento de que han sido objeto algunos familiares de las víctimas.

Sin embargo, a seis años de esa condena, esto no ha sido cumplido por el gobierno de César Duarte: Exigimos que se hagan investigaciones en contra de todas esas autoridades que en ese tiempo participaron y fueron cómplices de trata y feminicidio. Nos parece positivo que se haya sentenciado a estos cinco hombres, pero nos falta todo lo que tiene que ver con la participación de autoridades, dice Marrufo Nava.

Las organizaciones en defensa de los derechos humanos, como Red Mesa de Mujeres, han identificado plenamente a las autoridades involucradas: Por ejemplo, quienes trabajaban en el Cereso que permitían entre 2009 y 2010 la entrada de las jovencitas. Hay testimonios que refieren que los delincuentes que las llevaban, luego sacaban cajas de balas del Cereso.

El Hotel Verde

La esquina de Mariano Samaniego e Ignacio Altamirano, en la colonia Bellavista, donde está ubicado el Hotel Verde o Club Verde, como también se le conoce, ha quedado registrada como símbolo de feminicidios en esta ciudad.

Ahí fueron explotadas sexualmente cientos de niñas y jovencitas, víctimas de una extensa red que aún se investiga. El edificio abandonado era propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desde el 14 de abril de 2010, y siguió operando como hotel hasta septiembre de 2011, cuando lo clausuraron por el asesinato de dos policías federales, pero no por el delito de trata.

Aquí no se van a terminar las muertas ni las desaparecidas, dice de manera tajante Lourdes Vargas, vecina del lugar. Nada ha cambiado ni nada va a cambiar por la corrupción de las autoridades. Ese lugar era cuidado por policías municipales y nadie les ha hecho nada.

Las paredes de ese edificio, aparentemente abandonado, que permanece igual que cuando fue clausurado, están cubiertas de fotografías de mujeres desaparecidas. Sus madres han exigido que se excave adentro porque aseguran que hay cuerpos enterrados de manera clandestina.

Irma Pérez Franco vivía aquí con su hija Olga Alicia Carrillo, en la calle Oro; en Juan Mata Ortiz y 16 de Septiembre había un despacho de licenciados, donde Manuel Vital Anguiano, alias El Meny, traficó con niñas y jovencitas durante 20 años.

“Él estuvo acosando a mi hija como tres o cuatro días antes de que desapareciera. Le hablaba por teléfono e insistía. Yo le dije: ¿Quién es? y me contestó: ‘Pues El Meny, que quiere que sea su novia’. Te dije que tuvieras cuidado con ese desgraciado, le advertí. Agarré el teléfono y le dije de todo a ese malandro desgraciado. Él se la llevó.”

Durante 20 años, doña Irma se topó con el tratante de su hija a quien denunció en repetidas ocasiones, pero dice que nadie le hizo caso porque estaba protegido por altos funcionarios del gobierno: “Lo veía a cada rato en el barrio. Yo vendía hamburguesas y pasaba por su calle y nos peleábamos. Le gritaba estúpido, y él se ponía al tú por tú conmigo. Méndigo –le decía al desgraciado–, pero un día vas a caer, maldito”.

Doña Irma, insiste: “Aquí está involucrado el policía del estado, el federal y el municipal. Son 20 años. Me consta porque en cada reunión que había yo me aparecía para denunciar a Don Meny, y ellos me decían que no. Él y otros eran los ganchos, ellos enganchaban a las mujeres y se las vendían a otra gente”.

Don Meny vendía dulces y burritos afuera de la estación de policía Delicias, pero ofrecía trabajo con unos licenciados a las niñas y jovencitas que se acercaban a comprarle. Siempre andaba con su velicillo donde guardaba las solicitudes con los datos personales de ellas, e iba dando la vuelta a la colonia. Luego vendía burritos y dulces en la estación; allí enganchó a muchas, luego se descaró. Todos sabían que allí las ocupaba, las desocupaba, se deshacía de ellas y agarraba otras. Las vendía. Luego aparecieron muertas y otras siguen desaparecidas.

Su hija desapareció el 10 de agosto de 1995 y un mes después supuestamente encontraron sus restos en los terrenos de Lote Bravo, a un lado del libramiento aeropuerto: “Yo nunca acepté, nunca di por hecho que mi hija fuera esos huesos que me entregaron. Me pusieron la cabecita, las piernitas y los bracitos. Yo les dije: ‘Esa no es mi hija’”.

Doña Irma fue la primera que exigió una prueba de ADN. Se va a tardar de dos a tres semanas y será más su sufrimiento, le dijo un funcionario. Ella le contestó: Pendejo, mi sufrimiento es desde que desapareció y no se me va a quitar hasta que la vea.

Los resultados nunca fueron seguros, por eso sigue buscando a su hija y ahora que testificó en el llamado juicio histórico quería ver la cara del verdugo, pero una funcionaria le dijo: Vamos a prepararla. Usted va a estar en un cuarto, se va a distorsionar su voz, porque es testigo protegida. Ella le contestó: “¿Para qué tanto pinche pedo? A mí pónganme enfrente de esos cabrones y sobre todo enfrente de Don Meny”.

Cuando lo vio no dudó ni un minuto. Le gritó: ¿Dime qué hiciste con mi hija? ¿Me la mataron? ¿Me la vendieron? ¡Habla, desgraciado! El acusado agachaba la cabeza; nunca tuvo el valor de mirarla. Todo se paga, desgraciado; te dije que ibas a caer.

Mirando a las juezas, añadió: “Yo vengo por este méndigo. Aquí está la prueba. Hace 20 años fue al primer hombre que yo señalé por la desaparición de mi hija. Estos no son los únicos, faltan los meros meros. ¿Dónde están los funcionarios, políticos y policías? No me importa que se necesiten otros 20 años, pero que caiga la cabeza de toda la red. No hay vida para que paguen”.

El juicio sigue

De las 950 pandillas que operan en Ciudad Juárez, tres grupos han incursionado en la trata de niñas y mujeres con fines de explotación sexual: Los Aztecas –el brazo armado del cártel de La Línea–, Los Mexicles y Los Artistas Asesinos: Son los tres fuertes de la trata, y nos falta que se investigue quién estaba a cargo de la policía municipal y les daba protección a casas y hoteles donde se obligaba a prostituir a las jovencitas. A esas personas se les tiene que abrir expediente, indagar e investigar, algo que el estado de Chihuahua no ha hecho, dice Marrufo Nava, quien lleva 23 años trabajando con las víctimas.

Además del Hotel o Club Verde, fue señalada una vecindad de la calle Melchor Ocampo 133, en la zona centro, precisamente a unas siete cuadras de la estación de policía Delicias. “También queremos que se investigue al Ejército, en particular a los militares que iban a una vecindad del propio Hotel Verde y a la tienda de abarrotes de Víctor Chavira, que era donde tenían a las mujeres. Ellas dicen que venían policías federales y militares.

Tenemos testimonios de víctimas sobrevivientes que ahora son testigos protegidos, que narran cómo llegaban las unidades de la policía municipal y encubrían a los tratantes. Nosotras solicitamos a las juezas que se abrieran más carpetas de investigación por los delitos cometidos contra las testigos, las sobrevivientes, para procesar a las autoridades que han cometido extorsión y narraron múltiples asesinatos durante el juicio: hombres que llegaban al lugar con cadáveres encobijados y varios asesinatos a disparos en esos lugares.

Ante la exigencia de justicia y del debido cumplimiento de la sentencia del Campo Algodonero, han comprobado la incapacidad del gobierno de César Duarte, que no han investigado a las autoridades cómplices: En este caso hay drogas, trata y feminicidio. Estas mujeres fueron tratadas y después asesinadas para luego ser tiradas en el Valle de Juárez, en el arroyo El Navajo. Y la PGR ha hecho caso omiso de su responsabilidad; brilló por su ausencia. Ahora les toca asumir las consecuencias.