l igual que el Presidente de la República, los gobernadores de las entidades que la conforman, al rendir protesta durante las ceremonias de toma de posesión de sus cargos, se comprometen a guardar (es decir, a cumplir) y hacer cumplir la Constitución de la República Mexicana y las leyes que de ella emanan, así como a desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del pueblo, aceptando que de no ser así, la sociedad los pueda demandar públicamente (lo cual implica la posibilidad de demandas políticas, económicas e incluso penales).
Como muchos otros artículos de nuestra Constitución, desde su proclamación, el día 5 de febrero de 1917, jamás han sido puestos en práctica, dando lugar a demanda alguna, no obstante que muchos y muy graves han sido los casos de incumplimiento de estos compromisos, por algunos presidentes de la República y más aún por diversos gobernadores de los estados, algunos de los cuales incluso han sido cesados o encarcelados por sus actividades y omisiones.
Hasta ahora, en todos estos casos la sociedad ha permanecido al margen. Sin embargo, ante el fenómeno de corrupción que priva hoy en el país y que vienen practicando abiertamente un número creciente de funcionarios públicos, la necesidad de poner en práctica este artículo de la Constitución se hace evidente. En La Jornada hemos establecido ya un sistema de consultas nacionales, que ofrece la posibilidad de constituirse en un instrumento que permita a los ciudadanos evaluar el desempeño de un funcionario público, el cual es desde luego aplicable tanto a los gobernadores, como a los secretarios de Estado, a los miembros del Congreso o incluso al mismo Presidente de la República, sin contravenir ley alguna e incluso hacerlo protegidos por este artículo de la Constitución, permitiéndonos conocer la opinión pública en torno a estos funcionarios.
En virtud de las frecuentes controversias en las que se ha visto envuelto el actual gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, desde el inicio de su mandato, a partir de sus declaraciones de ser un admirador de Francisco Franco en una entrevista concedida a un medio de comunicación, así como por las protestas actuales de muy diversos grupos de la sociedad veracruzana por el incumplimiento de sus compromisos de pago a trabajadores, pensionados, jubilados, empresas e incluso a la Universidad Veracruzana, así como por los asesinatos no esclarecidos de 15 periodistas durante su gobierno, sin que ninguno haya sido resuelto satisfactoriamente, generando un malestar tanto en las principales ciudades de Veracruz como en el centro de la República, La Jornada ha decidido realizar su primera consulta para evaluar la gestión de un gobernador, en ocasión de su quinto Informe de gobierno, reconociendo que cinco años son suficiente para que los ciudadanos puedan emitir una opinión en torno a su gestión, siendo importante en este caso, no sólo la participación de los veracruzanos, que de una manera u otra han sido afectados por los actos de su gobierno, sino también la de todos los mexicanos, en virtud de la importancia que tiene el que todos estemos atentos a lo que sucede en las diferentes regiones del país.
Las consultas que hemos puesto a disposición de nuestros lectores y a toda la sociedad con acceso a Internet han sido hasta ahora tres, una dedicada a la tragedia no resuelta de Ayotzinapa, la segunda sobre la reforma educativa impuesta por el actual gobierno y la tercera orientada a conocer la opinión de los ciudadanos sobre el desempeño del gobierno del presidente Peña Nieto durante sus tres primeros años, siendo esta cuarta consulta, la primera dedicada a evaluar la gestión de un gobernante.
De los resultados obtenidos en las tres consultas mencionadas nos quedan claras dos cosas: la primera es que los participantes de estas consultas quienes hasta ahora son mayoritariamente lectores de nuestro diario, reprueban de manera contundente la gestión del actual gobierno, tanto en términos generales como en los aspectos relacionados con la reforma educativa, y con el trato que ha dado a los padres de los estudiantes desaparecidos en Iguala, generando informes incompletos y alejados de la verdad.
El segundo resultado indica que la participación ciudadana en estos procesos democráticos es por ahora reducida, debido a varias razones superpuestas: la primera es la todavía pequeña difusión que se ha hecho en torno de la existencia de las consultas, aunada al desconocimiento de lo que será posible lograr con ellas, en la medida que el número de participantes sea significativo. Una segunda razón es el miedo que muchas personas tienen de emitir una opinión en un medio público de consulta, pensando en que ello les puede ocasionar daños de algún tipo desconocido, lo cual es totalmente falso, porque las respuestas de cada participante son anónimas, al no estar ligadas a la clave de elector que se solicita luego de responder el cuestionario, además del compromiso de La Jornada de no entregar tales claves a ninguna persona, para un fin distinto a la certificación final de la consulta.
Todo esto de alguna manera se relaciona con la falta de cultura democrática en algunos sectores de la población, como consecuencia natural de la muy escasa vida democrática que existe en el país, dado el nivel creciente de autoritarismo e imposición practicados por el actual gobierno y la violencia que hemos vivido durante los últimos nueve años como producto de las supuestas políticas gubernamentales de combate a la delincuencia organizada. Por ello es importante enfatizar que las consultas ciudadanas constituyen hoy día una de las formas más efectivas y seguras de manifestar nuestra opinión crítica y nuestro posible desacuerdo con determinadas políticas y actitudes de las autoridades, que nos parezcan lesivas o equivocadas.
Regresando a la consulta sobre el gobierno de Veracruz, queremos resaltar su importancia tanto por sus indudables consecuencias positivas para el pueblo veracruzano, como por el antecedente que se pueda crear indicando a cada gobernador que al terminar al final de su gestión pueda ser llamado a cuentas por sus actos de gobierno. En nombre de La Jornada extendemos una invitación a participar en este ejercicio ciudadano, tanto al pueblo de Veracruz, como a los ciudadanos mexicanos en general.
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