El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) deberá hacer públicos datos relacionados con los exámenes de control de confianza que ha aplicado a mandos policiacos en los estados, a petición de sus propios gobiernos. En esta información deberá desglosar el nombre, el cargo, la dependencia al que está adscrito, entre otros datos solicitados, según determinó el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai), al resolver un recurso.

Asimismo, deberá realizar una búsqueda exhaustiva sobre los exámenes que haya practicado a los funcionarios del gobierno federal adscritos a las diversas delegaciones en los estados. En su caso, si ratifica que no realizó ninguna prueba –como lo argumentó a lo largo de la sustanciación del recurso–, deberá realizar la declaración de inexistencia, a través del Comité de Información.

Durante la sesión del Inai, también se aprobó ordenar a la Procuraduría General de la República (PGR) proporcionar la información relacionada con todos los aseguramientos que históricamente se le han hecho al narcotraficante, Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Con ello revocó la respuesta que hiciera la PGR acerca de que sólo entregó una lista parcial de los aseguramientos efectuados en la última aprehensión, bajo el argumento de que el resto de la información aún forma parte de la averiguación previa.

A consideración del comisionado ponente, Francisco Javier Acuña, esta respuesta no era aceptable pues, de entrada, faltaría la información relacionada con la primera aprehensión de Guzmán Loera.

Además, dijo, la PGR está obligada a reportar todos los decomisos al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Por ello, se ordenó realizar una nueva búsqueda y entregar toda la información histórica con la que cuente.

En cuanto al Cisen, el comisionado Joel Salas consideró que el argumento ofrecido no justificaba la negativa pues el centro de investigación está obligado, por ley, a mantener una copia con las evaluaciones, nombres y debe ser público para que la sociedad tenga garantías de que los mandos policiacos son confiables.

Recordó que hay un gran escepticismo social hacia las corporaciones policiacas, que han estado permeadas por la corrupción e incluso por la delincuencia organizada.

Mencionó que el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad estipula la obligatoriedad de someter a evaluación permanente y control de confianza al personal de instituciones federales y estatales involucradas, como Seguridad Pública y la procuración de justicia, con base en el Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza, en cuyo diseño participó el Cisen.