La situación jurídica de Nestora Salgado García, defensora comunitaria y dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) del municipio de Olinalá, en la región de la Montaña, en Guerrero, se complicó después de que un juez penal de la entidad libró en días pasados una nueva orden de aprehensión en su contra, informaron fuentes del Poder Judicial.

En total hay tres órdenes de captura pendientes en contra de Salgado García que no han sido cumplimentadas, es decir, que aún no son notificadas.

Esta dilación de la policía ministerial de Guerrero puede dar lugar a un escenario donde, de ser absuelta de las acusaciones que actualmente la tienen en la cárcel, agentes policiacos podrían cumplimentar las aprehensiones pendientes para que Nestora Salgado no abandone el penal de Tepepan, en Xochimilco.

A la fecha, contra la ex líder de la policía comunitaria de Olinalá están abiertos tres procesos por secuestro agravado, pero la fiscalía sigue sin ejecutar igual número de órdenes de aprehensión, de acuerdo con documentos judiciales consultados.

Procesos retrasados

Según oficios de juzgados del fuero común hay tres mandatos de captura girados entre octubre de 2013 y octubre de 2015, donde la fiscalía no ha buscado que se inicie un proceso a Salgado, para impedir que por ahora la mujer conozca las acusaciones y pueda defenderse.

En agosto pasado Salgado García cumplió dos años en prisión, sin que se prevea el final de los juicios y con ello su posible liberación.

Exculpada desde marzo del año pasado, la defensora comunitaria todavía enfrenta tres causas penales del fuero común por el delito de secuestro agravado.

En dos años de proceso, ninguno de sus 53 acusadores se ha presentado ante los juzgados a ratificar sus denuncias, según información proporcionada por César Sandino Rivero, uno de los abogados de Salgado.

Para múltiples organizaciones de la sociedad, el de Nestora es un caso de criminalización contra defensores de los derechos humanos.