os Pinos y Bucareli han hecho rápidos esfuerzos para colocar al nuevo gobierno de Guerrero, con el priísta Héctor Astudillo a la cabeza, como un ejemplo de la manera en que deben ser atendidos y enfrentados los problemas. Ayer se daba cuenta aquí de la extraña retórica de Miguel Ángel Osorio Chong al endilgar el desastre guerrerense sólo a los anteriores gobernadores, Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega (ciertamente indefendibles, pero no los únicos culpables, pues también lo son los mandos federales, puntualizaba esta columna astillada). Y ayer mismo se producía en las inmediaciones carreteras de Tixtla una demostración de fuerza, de los nuevos tiempos con el PRI de vuelta al poder estatal, cuando policías arremetieron contra normalistas de Ayotzinapa que viajaban en autobuses, con un saldo de heridos y detenidos que a la hora de redactar estas líneas era impreciso.

A diferencia de lo sucedido con los anteriores gobernadores, sobre todo con Rogelio Ortega (quien amenazó varias veces con renunciar al cargo, que ocupaba como sustituto, si había represión abierta a estudiantes y movimientos sociales), se busca que el priísta Astudillo se decida a meter orden en esa entidad bravía, sobre todo en cuanto a las protestas desbordadas que se relacionan con los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala.

La oportunidad de estrenar el garrote se produjo ayer luego que, según la versión gubernamental, estudiantes habían robado una pipa de combustible. Un primer video de los hechos (https://goo.gl/0OEGfq ) muestra a uniformados rompiendo vidrios de autobuses en marcha y encañonando a los estudiantes, a los que dispararon gases lacrimógenos y luego golpearon, deteniendo a algunos y haciendo que otros huyeran por el monte. Hay un primer reporte en audio hecho por un normalista (https://goo.gl/ISr9wS ). Según las versiones iniciales, agentes estatales antimotines y Policía Federal fueron los atacantes, y comentan que una vez que la agresión detuvo la caravana, apareció el Ejército, según la página de Facebook Yo sí soy Ayotzinapa.

Así como Aurelio Nuño se convirtió en el presunto ajusticiador político y laboral de los profesores insurrectos, Osorio Chong, con Astudillo como acompañante a modo, pretende controlar las protestas y movilizaciones que desde Guerrero se expanden por el país, con la herida de Ayotzinapa que no cierra para nadie, ni para los padres, familiares y compañeros que siguen buscando a los desaparecidos, ni para el gobierno de Enrique Peña Nieto que no ha podido imponer su verdad histórica y tiene un creciente repudio internacional por las descomunales violaciones a los derechos humanos.

Con las acciones policiacas directas se ha disparado, en consonancia significativa, el bombardeo mediático, especialmente en lo que se llama las redes sociales, celebrando que las autoridades se decidan a cumplir con el estado de derecho y que sean sometidos por la fuerza quienes se dedican a la agitación, al vandalismo y a la siembra del odio. Tales elogios de la mano dura tienen como contexto una amplia campaña que pretende vincular a los estudiantes de Ayotzinapa con cárteles del narcotráfico, como una forma de demostrar que la desaparición de los 43 y las posteriores movilizaciones de protesta tienen motivaciones oscuras (ayer les decían que eso les pasaba por ser de la maña). Ya un falso documental, de muy baja calidad, pretendió asentar tal versión, y recientemente se divulgó una llamada telefónica interceptada que probaría infiltraciones del crimen organizado entre los alumnos de Ayotzinapa, con su director, José Luis Hernández, constantemente acusado sin pruebas de haber enviado a Iguala a los ahora desaparecidos en función de intereses de determinado bando criminal.

Mientras era secretario de relaciones exteriores, José Antonio Meade Kuribreña hizo todo lo necesario para que una empresa favorita se quedara con el negocio de expedir los pasaportes mexicanos. Otras firmas concursantes hicieron propuestas económicas más bajas y con mayor seguridad tecnológica, pero el estilo fraudulento de la administración MK se impuso (como en los concursos para personal administrativo y consular, en los que se realizaron trampas absolutas para acomodar los resultados al gusto de las autoridades) y terminó ganando el consorcio encabezado por Veridos Identity Solutions, junto con Caelum, SeguriData, Informática el Corte Inglés, Giesecke &Devrient y Nec. De ello informó esta columna en septiembre pasado, bajo el título Pasaporte a la privatización (http://goo.gl/T843aw ).

Apenas llegaba Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari a la SRE, proveniente de la secretaría de turismo, y ya estallaba el escándalo del negocio tan mal hecho que significó, a la hora de su arranque, un desbarajuste mayúsculo que impidió durante un mes emitir esos documentos oficiales, con evidentes problemas graves para miles de solicitantes y con riesgos graves en cuanto al manejo de claves y datos de un ámbito estratégico como es la acreditación de la nacionalidad para salidas al extranjero y el posterior retorno.

Meade Kuribreña, desde luego, hace como que nada sabe del desastre que provocó. Ruiz Massieu Salinas de Gortari ha dicho que investigará, que habrá castigos e incluso que se contrató a otra empresa, Softek, para estabilizar los procesos, pero lo cierto es que una asignación contractual por 81 millones de dólares, para expedir 7.5 millones de pasaportes entre octubre del presente año y junio de 2018, resultó absolutamente fallida (una primera licitación fue declarada desierta), con ribetes claros de favoritismo a la ganadora y un daño evidente al interés nacional y a las necesidades de los usuarios. ¿Un acto más de corrupción que quedará en la más campante de las impunidades?

Y, mientras el secretario de educación pública, Aurelio Nuño Mayer, nombra mañana como su delegado en Guanajuato al hijo de Marta Sahagún, Fernando Bribiesca, quien fue diputado federal por el PAN y hace meses fue derrotado como candidato del PRI y el Verde a presidir Celaya, ¡hasta mañana!

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