Desde su punto de vista ‘‘personal’’, no sería deseable
Instruye a Gobernación a llevar a cabo un amplio y especializado debate sobre el tema, desde la perspectiva de los derechos humanos
Martes 10 de noviembre de 2015, p. 4
El presidente Enrique Peña Nieto instruyó a la Secretaría de Gobernación llevar a cabo un debate amplio y especializado, desde la perspectiva de los derechos humanos, sobre el tema de la mariguana, a fin de que esta discusión contribuya a establecer las políticas que el Estado mexicano deberá definir ante una eventual legalización de su consumo en el país.
Desde su punto de vista ‘‘personal’’, expresó que no sería deseable, ni está a favor de una eventual legalización de la mariguana, pues una decisión de esta naturaleza puede abrir espacio e inducir al consumo de drogas mucho más dañinas para las personas y para la salud pública.
‘‘Sin embargo, no puedo ser dueño único de la verdad. Esa es mi convicción personal’’, dijo el titular del Ejecutivo federal, quien declaró que estará abierto a recoger posiciones debidamente documentadas y científicamente sostenibles, que eventualmente puedan dar curso a una posición distinta.
Al inaugurar el cuarto foro nacional Sumemos causas: por la seguridad, ciudadanos + policías, Peña consideró que este debate interno también permitirá al país llegar con una posición definida a la asamblea convocada por Naciones Unidas para debatir en abril próximo el tema de las drogas.
En el foro, realizado en el Castillo de Chapultepec, dedicó casi la mitad de su discurso a este tema, generado por una reciente resolución judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de avalar el uso lúdico de la mariguana. Por las opiniones recogidas en los días recientes, declaró el Presidente, hay posiciones divergentes, encontradas y hasta polarizadas.
Ante el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; la procuradora general de la República, Arely Gómez, varios gobernadores y el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, el mandatario federal insistió en que se hace necesario un debate amplio y especializado al que sean convocados sociólogos, médicos, académicos y la sociedad conocedora del tema.
Pero además, un debate donde estén involucrados los poderes Ejecutivo y Legislativo, como señala la propia sentencia de la primera sala de la Corte, que concedió amparo a cuatro personas para sembrar y consumir mariguana.
Destacó que este tema no es tarea sólo del gobierno o de un sector, sino que compete a todos como Estado. ‘‘No está en un solo ámbito, en un solo poder. Es una tarea que debemos acometer de forma conjunta, Ejecutivo y Legislativo, para que realmente, a partir de este debate, a partir de estos foros, nos permita tomar una definición mucho más clara, nítida y más precisa’’.
Además, dijo que este debate no es exclusivo de México, sino que el tema de la legalización de la mariguana está presente en distintos países y partes del mundo. ‘‘Tampoco podemos tomar decisiones únicas y propias como país si no articulamos nuestra posición con el debate que eventualmente se dé en el plano internacional’’, dijo.
‘‘Lo que está muy claro es que el consumo de la mariguana, como lo marca este precedente judicial, debe observarse desde la perspectiva de los derechos humanos, no solamente en una óptica de pensar o no en la criminalización’’, agregó.
Por otra parte, en el rubro seguridad, indicó que el gobierno federal no rehúye esta responsabilidad, pero tampoco está para sustituir o remplazar a otros niveles de gobierno en esta tarea. Y aunque dijo que en algunos estados existe ‘‘un fortalecimiento real, efectivo y avances realmente notables’’ en lo que los gobiernos han logrado mejorar el marco de actuación de sus policías locales, hay ‘‘otras entidades muy rezagadas que no van en armonía, en sintonía con este esfuerzo conjunto que nos hemos trazado’’.
En este sentido, María Elena Morera, presidenta de la organización civil Causa en Común, organizadora del evento, pidió al presidente Peña ‘‘dejar de ser condescendiente’’ con aquellos gobernadores que no han cumplido con sus obligaciones en materia de seguridad pública y que sean llamados a cuentas.