Ante la astringencia de recursos públicos para inversión las Asociaciones Público Privadas (APP) para 2016 tendrán un crecimiento de 743 por ciento, al pasar de un monto de mil 610 millones de pesos registrados en 2015 a 13 mil 586 millones de pesos en el próximo año, según estipula la propuesta del Ejecutivo en el presupuesto para 2016.

Al respecto, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM, advirtió que el problema de las APP radica en que la transferencia de estos servicios públicos a manos privadas limita dramáticamente el alcance de los mecanismos mínimos de supervisión y de transparencia y significa la sustitución de la Constitución por la contratación.

En este sentido, la coordinadora del libro Interés Público, asociaciones público-privadas y poderes fácticos, editado por la UNAM, dijo que el escenario más probable sería que México reviva nuevamente la fallida experiencia privatizadora de los noventa, que únicamente se tradujo en una transferencia de los recursos públicos a manos privadas, dejando un rastro de corrupción.

En entrevista, señaló que estos contratos hasta por 50 años están protegidos por figuras jurídicas que garantizan los secretos bancario, fiscal, hacendario, corporativo y varios más, secretos que supuestamente protegen la competencia y la privacidad de los inversionistas, pero en realidad mantienen la opacidad sobre los recursos públicos.

Esta ley permite la creación de contratos de largo plazo (hasta por 40 o 50 años) con compañías privadas nacionales e internacionales, que tendrían control directo sobre la creación de infraestructura y la prestación de servicios en áreas estratégicas para el desarrollo del país, como es el caso del sector energético.

La titular del Instituto de Investigaciones Sociales afirmó que a nivel nacional se argumenta que el objetivo primordial de las APP es compensar la limitada inversión realizada en sectores cruciales, a causa de la crisis fiscal del Estado.

En la propuesta del Ejecutivo para la Ley de Egresos, que deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados a más tardar el próximo 15 de noviembre, se proponen proyectos de APP para la conservación plurianual de la Red Federal de Carreteras en su tramo Querétaro-San Luis Potosí y el de Coatzacoalcos-Villahermosa. También la construcción de cuatro hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León, Chiapas, Nayarit y estado de México y una clínica del Issste en Villahermosa, Tabasco.

Sandoval Ballesteros, también perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores con nivel III, comentó que paradójicamente, la solución ofrecida para atacar la crisis fiscal recompensa a los mismos actores responsables del problema en su origen.

Los ingresos fiscales que el gobierno percibe son bajos, explicó, precisamente porque estas poderosas élites económicas se rehúsan pagar impuestos y esconden sus ganancias en bancos extranjeros, u optan simplemente por intimidar a las autoridades tributarias. Esta situación es la fuente real de la crisis fiscal que afecta al gobierno, que debería combatirla de forma directa.

Recordó que en su proyecto de Presupuesto de Egresos para 2016 el Ejecutivo propone recortar el gasto a salud, educación y desarrollo social pero aumenta el de la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Marina.

Alertó la especialista que las APP son una estrategia ulterior al endeudamiento público de forma disfrazada, es decir, ya no quieren los gobernantes estar sujetos a las autorizaciones del Congreso para la contratación de endeudamiento público que esconde grandes corruptelas o desfalcos al Estado y esto se va a agilizar de forma clave con las Asociaciones Público Privadas.

Finalmente, subrayó que entre los países que han tenido experiencias fallidas con el establecimiento de las APP es Inglaterra, que anualmente ha perdido alrededor de 20 millones de libras esterlinas por rescates que se hacen continuamente a Asociaciones Pública Privadas.