Orden de cancelar proyecto turístico podría provocar afectaciones a 23 empresarios
, señala
Sábado 7 de noviembre de 2015, p. 31
Cancún, QR.
El juzgado cuarto de distrito con sede en Cancún otorgó la suspensión definitiva de obras en el Malecón Tajamar en favor de 113 niños que promovieron un amparo contra la devastación de manglar. No obstante, les fijó fianza de 20 millones 985 mil 643. 89 pesos que deberán pagar en cinco días para compensar los daños que la medida pudiera provocar a los 23 empresarios que edificarían proyectos turísticos en ese predio.
Aracely Domínguez, de la asociación civil Salvemos Manglar Tajamar, informó que el pasado miércoles 4 de noviembre, “el juzgado cuarto celebró la audiencia incidental respecto del expediente 1194/2015, en el cual concedió la suspensión definitiva solicitada respecto a las consecuencias de la emisión de la resolución de impacto ambiental (oficioS.G.P.A./DGIRA.DEI.1855.05).
Ésta fue emitida por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental el 28 de julio de 2005, otorgada al Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), y las consecuencias de la expedición, el permiso de chapeo y desmonte bajo el cual se ha realizado la destrucción del manglar de Malecón Tajamar, para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de destruir el manglar ubicado en los lotes del proyecto denominado Malecón Tajamar.
Lo anterior porque el juez cuarto reconoce el derecho de los menores a un medio ambiente sano, adecuado para su desarrollo y bienestar, así como la preservación y restauración del equilibrio ecológico en el territorio nacional; también admite la importancia del manglar para preservar el equilibrio ecológico.
El juez reconoce que no conceder la suspensión ocasionaría daños y perjuicios irreversibles a los menores, pero explica que la suspensión dejará de surtir efectos si no cubren la fianza.
Raymundo Gil Rendón, abogado constitucionalista y asesor de la asociación SMT, quien representa a los niños demandantes, anunció que se promoverá el recurso de revisión ante el tribunal colegiado para anular la fianza, tras la audiencia incidental respecto del expediente 1194/2015, lo que por lo menos, calculó, se llevará tres meses.
Reconoció que es una decisión histórica, pero una sentencia aberrante, pues se aplicó un criterio mercantilista al fijar una fianza inalcanzable para los menores
.
El también doctor en derecho, comentó: El juzgado dio entrada y reconoció como válidas las razones de los menores, pero al mismo tiempo consideró que si las empresas interesadas resultan afectadas los niños tendrán que garantizar la indemnización para pagar a los inversionistas, algo impagable pues no trabajan y dependen económicamente de sus padres.
El plazo para interponer el recurso es de 10 días y se dijo confiado en que el tribunal resuelva otra vez en favor de los niños pues “como está la sentencia del juez, viola el artículo segundo de la Convención Americana de Derechos Humanos al solicitar algo imposible de cumplir y convertir el recurso de amparo en algo inútil e inefectivo.
También se violenta el ar- tículo tercero de la Convención Internacional del Niño, referente al interés superior del menor, lo que obliga al Estado a velar por su sano crecimiento y garantizarlo, en lugar de socavarlo con una fianza de ese monto
, dijo.
En un comunicado, el grupo Defensores de Malecón Tajamar, firmado por Esther Gordon, cuestiona: ¿Deben los 113 niños poner dinero para asegurar su medio ambiente? ¿No debería Fonatur garantizar y asegurar que sus actos no lo dañan? ¿Es acaso la justicia sólo para aquellos que tienen dinero?
Se trata de niños que sólo tienen juguetes para pagar la caución, aunque ya hay propuestas de iniciar una colecta para salvar el Malecón Tajamar en beneficio de la niñez.
El delegado de Fonatur en el estado, Juan Carlos González, aseguró hace días que 900 millones de dólares en inversión están en juego si se cancela el proyecto, de 22 desarrollos turísticos, uno comercial, estacionamientos y oficinas de 50 mil metros cuadrados de la firma italiana Bi&Di; otros dos proyectos de oficinas, una zona residencial de 3 mil 600 viviendas; condominios y una basílica católica.