os días despúes de que se produjo un desgajamiento de tierra en el fraccionamiento residencial Vista del Campo, en Santa Fe –el tercero en nueve días–, los colonos del exclusivo conjunto habitacional anunciaron que preparan una denuncia penal contra el Gobierno del Distrito Federal y cualquier otra persona que resulte responsable por los derrumbes, los cuales, a decir de autoridades capitalinas de Protección Civil, podrían continuar.
Más allá de las implicaciones económicas y legales que pudieran surgir de los episodios comentados, el hecho obliga a volver la mirada al crecimiento caótico que ha registrado esa zona de la ciudad en las décadas recientes, que no es sino el reflejo de la falta de planeación urbana que aqueja a la capital del país.
En efecto, en el proceso de conversión de Santa Fe –en el pasado zona de minas y basureros– en uno de los polos más exclusivos de la ciudad y del país, ha brillado por su ausencia una adecuada planificación urbana para garantizar la sustentabilidad de la explosión habitacional y corporativa; por lo contrario, la proliferación de edificaciones de lujo ha obedecido a meros criterios del mercado y al desenfrenado afán de ganancia de los empresarios del ramo.
Por desgracia, el fenómeno no es privativo del lujoso enclave en el poniente de la ciudad. En prácticamente todas las zonas de la capital, los barrios tradicionales han sido desplazados por la construcción de grandes edificios de viviendas, cuyos precios resultan inalcanzables para la mayoría de los asalariados de la capital y que ha provocado el desplazamiento de éstos a las zonas periféricas del área metropolitana. Además del encarecimiento de la vivienda en las colonias céntricas de la capital, el caos inmobiliario deriva en insuficiencia de servicios y vialidades, en el alza en impuestos y derechos –como el predial y el costo del agua– y en un detrimento de la calidad de vida de los capitalinos.
Sería ingenuo suponer que ese desorden inmobiliario es únicamente una respuesta del mercado al crecimiento demográfico en la ciudad de México; en cambio, detrás de ello se perciben inocultables conflictos de intereses por parte de autoridades encargadas de regular las construcciones, en conjunción con malas prácticas del poder empresarial. De otra forma, sería complicado explicar que las violaciones a la normatividad en materia de construcción y uso comercial en distintas colonias, que posibilitan desde la edificación de edificios mucho más altos de lo permitido hasta la apertura de negocios en zonas exclusivamente habitacionales, persistan en la más profunda impunidad.
Las autoridades capitalinas tienen ante sí la responsabilidad de atender una circunstancia que amenaza la viabilidad misma del centro político y económico del país. En la coyuntura presente, sería un exceso de candidez pedir que se revierta lo que se ha hecho mal hasta ahora; pero es ineludible que se contenga el crecimiento para prevenir desgracias futuras y que se genere un plan de reordenamiento urbano de largo aliento que esté basado en los principios más elementales de planeación urbana, la sustentabilidad y la movilidad.
