El proyecto de dictamen de la ley general de transparencia define nuevas obligaciones para los tres poderes de la Unión, las entidades autónomas, sindicatos y partidos, además, establece que no podrá clasificarse como reservada la información relativa a violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

En ese proyecto, que ayer circuló en el Senado, se ordena al gobierno federal dar a conocer todos los contratos en materia energética y concesiones de minas, así como los padrones de becarios de la Secretaría de Educación Pública.

En el nuevo catálogo de obligaciones que contendrá la legislación secundaria en materia de transparencia, se abre un capítulo específico para el Poder Judicial, por el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que hacer públicos los procedimientos de designación de jueces y magistrados mediante concurso de oposición, junto con los datos personales de los aspirantes.

En el caso de los partidos políticos y sindicatos, están obligados a hacer pública toda su información, y se les aplicarán sanciones de hasta 150 mil pesos, cuando incumplan.

El senador Alejandro Encinas, del grupo del PRD, comentó que el proyecto de dictamen está a discusión, aunque confía en que este jueves se llegue a un acuerdo y se pueda aprobar, a fin de votarlo en la sesión del próximo martes.

Consideró que tuvieron mucho cuidado de no dar marcha atrás a lo establecido en la reforma constitucional en la materia. Agregó que afortunadamente se superó la pretensión de dar más facultades al consejero jurídico de la Presidencia de la República para erigirse prácticamente en el abogado de la nación. En el proyecto queda estrictamente como representante del Ejecutivo federal. Es una de las cuestiones que han ido allanando el camino para construir un acuerdo.