La decisión de la Corte sobre el uso lúdico de la mariguana generó reacciones en favor por parte de varias organizaciones, las que celebraron el fallo y opinaron que se abre la puerta a la despenalización. En cambio, líderes de diversas iglesias rechazaron la resolución por considerar que traerá más perjuicios que beneficios. Incluso, dijeron que es un contrasentido cuando una de las prioridades del país es el combate al narcotráfico.

En tanto, las fracciones parlamentarias de PRI y PAN en la Cámara de Diputados dijeron que con esa decisión se respetan las libertades de las personas que interpusieron el amparo y se aportan elementos para un debate nacional. A su vez, la dirigencia nacional del PRD felicitó a los ministros de la primera sala.

Para César Camacho (PRI), el fallo, además de proteger los derechos de los quejosos, ‘‘abre un debate horizontal donde no sólo los actores políticos, sino la gente toda, tendrá qué decir, y los legisladores debemos mostrarnos sensibles y abiertos para que, llegado el momento, podamos privilegiar la libertad y preservar la salud individual y pública’’.

De manera similar se expresaron organizaciones de derechos humanos, al señalar que es un ‘‘paso positivo’’ no sólo en materia de libertades, sino para que la sociedad mexicana ‘‘le entre el debate serio e informado sobre la legalización de las drogas’’. Afirmó lo anterior el abogado e investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia Alejandro Jiménez Padilla.

Por su parte, Leopoldo Rivera, de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis, dijo que lo que sigue es llevar a cabo debates para que las autoridades analicen la despenalización. ‘‘De nuestra parte informaremos a la sociedad o consumidores que estén interesados en cómo obtener sus amparos. Nos toca también dar recomendaciones a los padres de familia y a la sociedad en general’’.

Frente a la Corte, representantes de organizaciones como Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas, Spolea, Reverdecer Colectivo y Comunidad Cultura Cannabica, entre otras, aplaudieron la decisión del máximo tribunal.

En contraparte, el obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, refirió que autorizar a las personas a que ‘‘legalmente se droguen es condenarlos a compensaciones esclavizantes de por vida’’, y estimó que tal parece que ninguno de los ministros de la Corte ha sufrido los efectos de esta droga en una persona cercana. ‘‘Fue un mal que puede abrir la caja de Pandora’’, estimó a su vez José de Jesús Aguilar, subdirector de Radio y Televisión del Arzobispado de México.

Arturo Farela, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, indicó que lo resuelto va ‘‘en perjuicio de la sociedad’’. Dijo que aunque la organización religiosa es respetuosa de las instituciones, existen otras prioridades como el combate a la pobreza y dotar de más y mejor educación a los jóvenes y a los niños. Apuntó que una determinación de ese calibre debió llevarse ‘‘a un debate nacional’’. De su lado, México Unido contra la Delincuencia aplaudió el fallo y sostuvo que este es un buen precedente y se requiere actualizar el marco legal en materia de narcomenudeo y de consumo de estupefacientes.