La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no es la legalización del uso de mariguana. Tampoco autoriza su producción ni comercialización, salvo para las cuatro personas que solicitaron el amparo y podrán tener la planta para autoconsumo. Además, falta definir los requisitos que los beneficiarios de la sentencia deberán cumplir, afirmó la titular de la Secretaría de Salud (Ssa), Mercedes Juan.

Al inaugurar el 17 Congreso Internacional de Adicciones, la funcionaria señaló que la dependencia continuará con el fortalecimiento de la regulación sanitaria en esta materia, así como con las acciones de prevención dirigidas a niños y adolescentes.

Comentó que la reciente encuesta entre estudiantes de secundaria y bachillerato reveló que 17.2 por ciento de ese sector ha consumido alguna droga ilegal, en algunos casos desde los 12 años de edad. También se observó el incremento en el uso de tabaco y alcohol. Es un problema grave, pero con la ventaja de que la mayoría de los alumnos no han probado las drogas, dijo.

Antes de que se diera a conocer la determinación de la Corte, Sven Olov Carlsson, presidente internacional de la Federación Mundial contra las Drogas, advirtió que la aprobación del uso lúdico de la mariguana será el punto de partida para una situación de peligro para la salud de los mexicanos a largo plazo. Habrá mayor disponibilidad de la yerba, disminuirá la percepción de riesgo y a la vez aumentará la tolerancia social, lo cual es inaceptable, subrayó.

A su vez, Alfredo Nateras, sociólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana, opinó que la decisión tomada contribuye a la ‘‘construcción de ciudadanía’’. Se debe dar información y sensibilizar sobre que la sentencia no implica una apología del consumo. Sólo se protege un derecho y al usuario.

En cambio, Óscar Prospéro, investigador del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que aumentará el consumo de la droga y los problemas asociados. Comentó que en Colorado, Estados Unidos, donde se despenalizó el consumo de la yerba, aumentó su uso. ‘‘Eso va a pasar aquí’’, por lo que ahora se deben ampliar los permisos y los recursos para investigación del consumo de cannabis.

Roberto Tapia Conyer, presidente del patronato de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), organizador del congreso, comentó sobre la responsabilidad del Estado de aplicar políticas que garanticen el derecho a la salud de las personas y la comunidad.

Para ello, el Estado tiene la facultad de restringir el uso de sustancias y emitir normas de control sanitario y fiscal. En el caso de las drogas ilícitas, resaltó que en los CIJ ‘‘tenemos la evidencia y palpamos día a día el deterioro social’’ que prevalece en el entorno de las familias donde alguno de sus miembros es adicto a alguna sustancia, y cómo el consumo de una droga ‘‘lleva a otra y luego a otra’’. Por eso, dijo, ‘‘nuestra opinión –que se opone a cualquier permisividad para el consumo de drogas ilícitas– se debe escuchar’’.

Antonio Luigi Mazzitelli, representante de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas, dijo que es fundamental reconocer que las drogas hacen daño y a partir de ahí tomar las decisiones enfocadas al bienestar de la sociedad, así como lograr el equilibrio entre la reducción de la oferta y la demanda, dijo.