Frente a un déficit en la credibilidad institucional, la desconfianza en la democracia mexicana y una percepción social muy adversa en materia de seguridad y justicia, el Ejecutivo debe apostar en los próximos años por un mayor acercamiento con la sociedad, para involucrarla en sus políticas, consideraron las organizaciones sociales que han trabajado los cuatro años recientes en la estrategia de gobierno abierto con la administración federal.

En el documento La alianza para el gobierno abierto en México: una visión desde la sociedad civil, se advierte la necesidad de consolidar esta forma de ­vínculo como un espacio estratégico para la mejora de las políticas públicas no sólo a escala federal, sino subnacional en los estados.

Esto, en un contexto donde México ocupa el lugar 103 de 174 en el índice de percepción de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional. Por ello, al definir los retos de la relación gobierno-sociedad, en el contexto de esta alianza, es necesario que este mecanismo se convierta en una plataforma que contribuya sustantivamente a superar la crisis de impunidad, corrupción y violaciones graves a los derechos humanos que aqueja a nuestro país.

Entorno oficial de opacidad

En el balance de este periodo, presentado durante la Cumbre Global de Gobierno Abierto, las organizaciones que han colaborado con la administración federal señalan que la relación fincada en este esquema se caracterizó por una tensión latente, en un entorno oficial caracterizado por la opacidad e impunidad, en casos de corrupción y de violaciones de derechos humanos.

Esta situación es reflejo de las formas de gobierno unilaterales y cerradas marcadas por la falta de transparencia y alejadas de los intereses de la ciudadanía, en términos generales –lo que es contradictorio con los compromisos de gobierno abierto–, que deben ser ­superadas.

Enfrentar los nuevos retos para la alianza implica asumir los parámetros que reflejan el estatus que guarda la relación entre gobierno y sociedad, que requiere alentar una mayor participación ciudadana: ocho de cada 10 mexicanos estiman que el voto es su única forma de incidir en el rumbo del país; hay una percepción social de corrupción de 4.54 puntos en una escala, en la que cinco representa total corrupción; una percepción de inseguridad de 72.3 por ciento.

Las organizaciones –entre las cuales se encuentran Gestión Social y Cooperación, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Artículo 19, Centro de Investigación para el Desarrollo, Transparencia Mexicana, Social Tic, Cultura Ecológica y el Instituto Mexicano para la Competitividad– destacan la necesidad de que la interlocución en el seno de la alianza vaya más allá de las ocho que han participado en este periodo. Ampliar el espectro de ámbitos de acción de las mismas, pues incorporar mayor número de actores se traducirá en una mejor interlocución que redunde en políticas sociales.

Asimismo, se debe poner una estrategia de comunicación que permita la apropiación social de esta alianza y se deben redefinir los compromisos gubernamentales a fin de ampliar los 26 que se han trabajado durante este periodo.

A pesar de que se requieren nuevos esfuerzos para consolidar los efectos de la alianza, para las organizaciones, hasta ahora, “la principal contribución de la alianza es haber dado una plataforma de trabajo reconocida institucionalmente, con un andamiaje funcional, basado en principios de cogobernanza que ha puesto a dialogar, en términos reales a diversos actores de la sociedad civil con ramas ejecutivas del gobierno que antes de esta alianza –aunque pudieran compartir agendas o preocupaciones sobre mismos campos de acción– no tenían canales de comunicación, acuerdos de relación, y menos aún, objetivos de trabajo”.