El MP logró 40 mil pesos, pero esa cantidad no repara ningún daño, afirman los deudos
El multihomicidio se tramitó como del fuero común, pese a evidencias de delincuencia organizada
Domingo 1º de noviembre de 2015, p. 24
Ciudad Juárez, Chih.
Familiares de las víctimas de la matanza de Villas de Salvárcar –cometida hace más de cinco años por sujetos armados que irrumpieron en una fiesta y asesinaron a 16 estudiantes– solicitaron al presidente Enrique Peña Nieto, un millón de pesos de indemnización para cada deudo a fin de lograr la reparación integral de los daños.
Justificaron que son víctimas en los términos del artículo 20 constitucional y en los tratados internacionales de derechos humanos correlativos a dicho precepto, luego de que autoridades estatales y federales vincularon la masacre a un enfrentamiento entre pandillas
.
Explicaron que ante la profunda crisis de inseguridad, entonces el gobierno federal desarrolló el programa Todos Somos Juárez, al cual se destinaron cerca de 7 mil millones de pesos; sin embargo, las autoridades de los tres niveles olvidaron reservar los recursos necesarios para cumplir con la indemnización.
Acompañados de Gustavo de la Rosa Hickerson, ex visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, dijeron que el multihomicidio se tramitó como del fuero común, a pesar de que hay evidencias de la Procuraduría General de la República (PGR) de que la acción fue ejecutada por una organización delincuencial.
Sólo hay 4 detenidos
Recordaron que en el ataque participaron entre 15 y 20 sujetos armados, pero sólo cuatro han sido detenidos, el quinto, Israel Arzate, fue liberado porque se comprobó que durante la investigación, elementos del Ejército lo sometieron a tortura para que se declarara culpable.
Narraron que el 31 de julio de 2011 fue aprehendido José Antonio Acosta Hernández, apodado El Diego, quien declaró ante la PGR que ordenó el homicidio colectivo y lo hizo en su carácter de jefe del cártel de Juárez; sin embargo, no fue incluido en el proceso que tramita la procuraduría federal.
“El Ministerio Público logró la orden de reparación del daño por 40 mil pesos por cada víctimas, monto que no sólo no sirve para reparar nada, sino que nos indigna, pues la vida de nuestros seres queridos vale mucho más que esa cantidad por demás ridícula.
Nos hemos reunido con funcionarios federales, pero ninguno ha resuelto la petición y es tanta la desatención que permanece igual la casa donde nuestros familiares fueron asesinados y lesionados, destruyéndose con el paso del tiempo. Tenemos que verla a diario, sabiendo que ahí murieron
, acusaron.