La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Samantha Power, llamó a México a mostrar avances en la resolución de la desaparición de 43 estudiantes y de otros casos prioritarios sobre violaciones de derechos humanos.

La funcionaria habló el jueves ante periodistas tras una visita de tres días a México, donde se entrevistó con la canciller Claudia Ruiz Massieu y la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, para tratar temas como la cooperación en materia de seguridad.

Preocupado por el estado de los derechos humanos en México, Estados Unidos bloqueó 15 por ciento (o 5 millones de dólares) de la ayuda en entrenamiento y seguridad antidrogas que envía a su vecino del sur.

Según Power, las autoridades mexicanas pueden recuperar la confianza de sus ciudadanos si logran resolver casos prioritarios, como la desaparición en septiembre de 2014 de 43 estudiantes en Iguala.

Si hubiera avances en el caso Iguala u otros (...) si se dedicaran recursos y se hiciera justicia, eso enviaría un mensaje muy importante, estimó.

La diplomática saludó la decisión de la procuradora Gómez de aceptar las recomendaciones de un grupo de expertos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que rechazó las conclusiones oficiales de la investigación sobre el caso de los estudiantes.

Según la PGR, los 43 jóvenes fueron atacados por policías corruptos de Iguala, aparentemente por órdenes del alcalde. Los agentes habrían entregado a los estudiantes a miembros del cártel Guerreros unidos, quienes los asesinaron e incineraron en un basurero.

Pero los expertos de la CIDH aseguran que no existe evidencia científica que pruebe la versión del basurero y apremiaron a las autoridades a buscar nuevas líneas de investigación.

Power se dijo esperanzada en que la apertura de México para dejar trabajar a los expertos de la CIDH y la aplicación de la reforma judicial llevarán a la restauración del total de la ayuda económica de Washington.

Las fuerzas mexicanas han enfrentado recientemente numerosas denuncias sobre abusos de poder.

Esta semana, la ONG estadunidense Human Rights Watch aseguró que miembros de la Policía Federal de México habrían ejecutado ilegalmente al menos a 11 personas en dos episodios ocurridos este año y en los que murieron 42 presuntos delincuentes y ocho civiles ­desarmados.

Estos problemas, aunados a los referentes a seguridad pública y justicia no se van a resolver de la noche a la mañana, comentó Power.