La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Asociaciones Público Privadas para acelerar el periodo de autorización de inversiones en infraestructura entre el gobierno y las empresas, que pasará de 18 meses a 30 días.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Baltazar Hinojosa Ochoa (PRI), refirió que actualmente los proyectos deben ser aprobados por la comisión intersecretarial de gasto público, financiamiento y desincorporación cada agosto para incluirse en el proyecto de presupuesto de egresos del siguiente año.

Con la modificación, el Ejecutivo presentará a la cámara un monto máximo anual asignado para proyectos de asociaciones público privadas por sector, y si bien las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y Morena lograron rescatar que la autorización de cada contrato continúe a cargo de los diputados, el tricolor insistió en que si después de 30 días la Comisión de Presupuesto no resuelve las solicitudes respectivas, se dará por avalado de facto.

Esto es peligrosísimo, porque prevalece el incentivo perverso de no discutir para que quede aprobado, dijo el diputado independiente Manuel Clouthier Carrillo.

El legislador cuestionó que si las asociaciones público privadas no se regulan se corre el riesgo de que se disfrace deuda pública de capital, incrementar la corrupción o que sean instrumentos de lavado de dinero.

Y no es un invento mío. Lo acabamos de vivir en Sinaloa, con una empresa de moda en este sexenio, del cuñado de Carlos Salinas de Gortari, un crédito disfrazado y lavado de dinero en unos hospitales allá. Sería lamentable que este modelo termine como el de las carreteras salinistas, sostuvo.

El presidente de la Comisión de Infraestructura, Alfredo del Mazo Maza (PRI), explicó que con la modificación podrán autorizarse proyectos durante todo el ejercicio fiscal, conforme al monto anual máximo aprobado por la cámara.

Refirió que se ajustó la iniciativa presidencial para que se integre un listado de proyectos dictaminados por la comisión intersecretarial y la obligación de la Secretaría de Hacienda de enviarla a los diputados para su dictamen en la Comisión de Presupuesto.

La diputada Alejandra Gutiérrez señaló que la iniciativa del Ejecutivo pretendía suprimir esa atribución para que fuera la comisión intersecretarial la encargada de aprobar los proyectos.

También se logró, dijo, que cada iniciativa incluya una descripción, montos erogados acumulados, avances en la ejecución y calendario, así como la suma de los pagos anuales en los ya contratados.

El pleno rechazó un cambio propuesto por el perredista Sergio López Sánchez para definir que sólo se autorice un total de proyectos que no exceda 5 por ciento del presupuesto por ramo.

Además, desechó el ajuste planteado por María Candelaria Ochoa (MC) de no admitir proyectos de empresas cuyos socios tengan conflictos de intereses. “No queremos más Casas Blancas, palacetes ni OHL o algo parecido”, declaró.

Vidal Llerenas (Morena) alertó que la redacción de la reforma permitirá que para dictaminar la viabilidad de una asociación cada dependencia hará el análisis respectivo, cuando éste debe estar a cargo de un comité independiente.