n el encuentro denominado México, Cumbre de Negocios, inaugurado ayer en la capital de Jalisco, dirigentes empresariales como Miguel Alemán Velasco –organizador de la reunión– e ideólogos del sector privado reclamaron a la actual administración un compromiso real en el combate a la corrupción y en la obtención de mejoras salariales. Por su parte, la jefa de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en México, Dora Iakova, pidió una auténtica reforma educativa
a fin de impulsar el desarrollo del país, así como políticas de inclusión de las mujeres en el mercado laboral en general y en los puestos de dirección en particular.
De su lado, Julio Millán Bojalil, presidente del Grupo Corporación Azteca, exigió más reformas estructurales en materia de salud y pensiones y expresó molestia de los empresarios porque el gobierno no dice la verdad
en el manejo de los recursos, y demandó transparencia en la aplicación del dinero de los contribuyentes. Presente en el encuentro, el presidente Enrique Peña Nieto exhortó a los representantes de la iniciativa privada a cerrar filas y a la unidad.
Más allá de que tales discursos y la réplica presidencial puedan resultar ilustrativos del tono actual de la relación entre el gobierno federal y los empresarios, es preciso señalar que la demanda de un combate frontal y verdadero a la corrupción ha sido enarbolada de tiempo atrás desde otros sectores y por otros actores, y constituye ya un punto de consenso ineludible en la circunstancia política actual. Dependiendo de las estimaciones, la descomposición institucional cuesta al país entre 400 y 740 mil millones de pesos anuales –equivalentes a 4 por ciento del producto interno bruto, poco menos de 10 por ciento del presupuesto público del año actual– y es difícil imaginar cómo podría crecer la economía mexicana con semejante carga.
La consideración meramente económica no basta, por supuesto, para ubicar el problema en su justa dimensión. La cifra desmesurada de las pérdidas por la corrupción sería inconcebible sin los factores de la opacidad y de la impunidad. El predominio de esta última, en particular, articula la corrupción con las violaciones a los derechos humanos, con la violencia y con la inseguridad, que son otros de los problemas centrales del México contemporáneo.
No debe dejarse de lado, por otra parte, que la corrupción no es una lacra unidimensional circunscrita a las oficinas gubernamentales, sino una relación ilegal e inescrupulosa entre servidores públicos y actores privados, y el propio sector empresarial es corresponsable del fenómeno, por cuanto de él emana la mayor parte de los sobornos, comisiones
y pagos ilegítimos por favores
, privilegios y tratos preferenciales que conllevan, invariablemente, graves pérdidas al erario.
Tal relación se ha convertido en estructural en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes de la Unión, y para erradicarla es preciso, antes que nada, combatir la simulación y la impunidad. En tanto no se asuma que para hacer frente a la corrupción se debe ostentar la voluntad política de castigar conforme a la ley tanto al corrupto como al corruptor, no habrá posibilidades reales de terminar con ese flagelo.
