Más de tres décadas han pasado desde la primera vez que en México se intentó crear la regulación para las técnicas de reproducción asistida y todavía no existe, pues se han interpuesto factores políticos e ideológicos. En cambio, los avances de la ciencia médica y la tecnología no se detienen, como tampoco el interés de las personas en tener hijos, sobre todo de quienes, por cuestiones médicas o de preferencia sexual, no pueden engendrarlos biológicamente o no son aceptados en los procedimientos de adopción.

Entre los nuevos elementos que se han sumado al de por sí complejo debate de la reproducción asistida está la conocida como maternidad o gestación subrogada, que se realiza, generalmente, mediante un contrato entre la persona o pareja interesada en procrear con la mujer que llevará a cabo el embarazo. El producto se concibe mediante fertilización in vitro con gametos que pueden provenir de algunos de los participantes del convenio.

En países como India, Nepal, Ucrania, Rusia y California en Estados Unidos existen leyes o normas que regulan estos convenios, y en otros, como Francia, España y Alemania, están totalmente prohibidos. No obstante, es un fenómeno que ha crecido en los años recientes. En México sólo dos entidades tienen disposiciones legales que permiten la gestación subrogada: Sinaloa y Tabasco.

La primera está vigente desde 2013 y contiene restricciones como que sólo se permite el convenio si los contratantes integran un matrimonio mexicano y heterosexual, mientras en Tabasco el Código Civil incluye la práctica desde 1997 casi sin limitaciones.

Sin embargo, existen factores que colocan a las gestantes en condición de vulnerabilidad e incertidumbre, pues a veces el acuerdo carece de cláusulas de protección a la salud de la embarazada o garantías sobre el pago que recibirá. El económico es otro tema a debatir, pues algunos sectores consideran que debería ser una labor altruista, mientras grupos feministas defienden el derecho de la mujer sobre su cuerpo y reproducción, así como a su libertad de trabajo.

Para los conservadores, la gestación subrogada o alquiler de vientres, como la llaman, es más bien una forma de explotación de las mujeres, sobre todo las de bajos niveles educativo y de ingresos. Hay propuestas como la de la abogada Ingrid Tapia, quien plantea la prohibición de la práctica y que se le incluya como delito en la Ley de Trata de Personas.

Eso no es factible, señala por su parte el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), porque ya existe y prohibirla colocaría a las mujeres en situación de mayor desventaja. Lo seguirían haciendo en un mercado clandestino, justamente por el dinero que pueden obtener, pero sin protección legal alguna, señaló la investigadora Isabel Fulda. Reconoció, sin embargo, la necesidad de regulación para evitar abusos y riesgos para la salud de las gestantes.

En Tabasco pueden tener acceso a los convenios de gestación subrogada extranjeros y parejas del mismo sexo, pero por las lagunas legales enfrentan dificultades administrativas para obtener el acta de nacimiento y pasaporte del bebé. Esto constituye una violación a los derechos de la infancia, señaló Fulda.

Así documentó GIRE en el informe Niñas y mujeres sin justicia: derechos reproductivos en México, coordinado por Fulda, quien comentó que la gestación subrogada adquirió visibilidad en el país a partir de que en India, que había sido el lugar preferido para turismo reproductivo, impuso restricciones, pues sólo se permite el convenio a matrimonios heterosexuales.

Así, Tabasco se colocó como una opción. Aumentaron las clínicas y agencias que ofrecen estos servicios y se sabe que los interesados hacen convenios en Cancún, Puerto Vallarta y el Distrito Federal. En esas ciudades se realiza el procedimiento de fertilización in vitro y viajan a Tabasco cuando la mujer va a dar a luz.

La especialista advirtió que esta práctica seguirá en aumento y para las autoridades debería ser prioridad crear una ley de reproducción asistida que incluya la gestación subrogada con perspectiva de derechos humanos. En el Congreso hay seis iniciativas pendientes de discusión y otras propuestas en San Luis Potosí y Coahuila. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó un proyecto, pero no fue publicado, por lo que no está vigente.